Persisten las dudas respecto a cómo sería la negociación. La percepción del mercado es que la negociación va a enfrentar dificultades, con el gobierno buscando algún tipo de reducción en el reclamo judicial y los litigantes buscando un recorte menor, por más que el pago sea en bonos.

Por otro lado, si la negociación no es exitosa, el ingreso de ahorro externo va a ser menor o hasta nulo por lo que el gobierno se vería obligado a ejecutar una mayor expansión fiscal o monetaria para sostener la demanda, lo que incrementaría la presión sobre el tipo de cambio vía una mayor inflación esperada.

En este marco -que  es probable, por otro lado-, si el gobierno no arregla su situación con los fondos buitres, tendrá que seguir administrando las reservas que tiene, con políticas similares a las actuales así como profundizar el cepo cambiario o alguna otra medida más extrema así como permitir una devaluación mayor del peso. En ese marco, la mayoría de los economistas estiman un valor para el dólar cercano a $ 10 para marzo y de alrededor de $ 11,50 o más para fin del 2015.

Si no hay acuerdo con los holdouts, el gobierno -a priori- debería manejarse con las reservas en existencia más el flujo de dólares comerciales. Pero, con la inflación que tenemos y la política cambiaria seguida –esto es, atrasar el tipo de cambio para frenar un poco la tasa de inflación-, se seguirá perdiendo competitividad con lo cual el impacto negativo sobre la actividad económica se profundizará. Por ende, el problema que trae el no arreglo con los holdouts es que le impide al Estado nacional tomar deuda en dólares en el mercado internacional para paliar la caída de exportaciones y la presión por la fuga de reservas. Así, un eventual arreglo con los fondos buitres abriría las puertas para los calmantes que el gobierno requiere para la transición presidencial, aunque no solucionará el problema del atraso cambiario como de la inflación.

Informe: Flavio E. Buchieri
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