Semanas atrás, la polémica fue por una inspección federal en la Penitenciaría de barrio San Martín. Ahora, la controversia entre la Nación y la Provincia es por el traslado de los 452 presos por causas federales que se encuentran alojados en las cárceles del Servicio Penitenciario de Córdoba: el gobierno de José Manuel de la Sota dejará de trasladar a esos detenidos desde el 1° de julio próximo.

La decisión fue anunciada el 27 de mayo pasado por la ministra de Justicia de la Provincia, Graciela Chayep, al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones, Luis Rueda.

La misiva aclara que el Servicio Penitenciario sí continuará trasladando a todos los internos que se encuentren imputados en causas por delitos de lesa humanidad o cometidos por el terrorismo de Estado.

La decisión de la Provincia afecta especialmente el traslado de los presos a Tribunales Federales, por lo que incidiría negativamente en el desarrollo de los juicios por narcotráfico, trata de personas, contrabando y otros delitos federales. Por el momento, en Córdoba el único organismo que presta el servicio de traslado es el Servicio Penitenciario provincial.

La Cámara Federal de Apelaciones anunció ayer que la decisión de la Provincia será tema de acuerdo el jueves.

El fiscal General ante la Cámara Federal, Alberto Lozada, se mostró sorprendido por la situación. “Me parece que la medida que no corresponde. De todos modos, lo que se va a tener que hacer es lo que los jueces dispongan, porque hay un artículo del Código Penal que advierte sobre el incumplimiento de las órdenes de los jueces”, dijo Lozada.