Este proyecto reemplazará a la ley vigente, sancionada en 1972, y prevé además que los licenciatarios de servicios TIC tengan la obligación y el derecho de interconectarse entre sí, estableciendo una velocidad mínima obligatoria de trasmisión de las redes para garantizar un acceso de calidad y equitativo en todo el territorio nacional.

El fondo del Servicio Universal, constituido por los aportes obligatorios de los licenciatarios TIC, será ejecutado exclusivamente por el Estado Nacional, y entre otros beneficios, se elimina la diferencia entre corta y larga distancia nacional.

El anuncio fue formulado en una conferencia realizada conjuntamente por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los ministros de Planificación y de Economía, Julio De Vido y Axel Kicillof, respectivamente, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, en el microcine del Palacio de Hacienda.

"La Presidenta firmará en el día de hoy un proyecto de ley que es de interés público para el desarrollo de las tecnologías de información, estableciendo una completa neutralidad de las redes, que facilite a la gente acceder al mayor universo de comunicaciones posible", señaló De Vido en la apertura de la conferencia de prensa.

En tal sentido, añadió que esta norma "excluye de su objeto la regulación de los contenidos, por lo tanto se mantendrá la más plena y absoluta libertad para inyectar a la red esos contenidos".

Con esta iniciativa "estamos garantizando el derecho humano a las comunicaciones, resaltando el rol del Estado como planificador, y distinguiendo entre mercados de generación de contenidos y el transporte de los mismos".

Por su parte, Berner explicó que a partir de este proyecto se "modifica la ley madre de 1972, cuando sólo había telefonía básica, por lo que era indispensable y esencial que tengamos una nueva regulación".

"Con un solo cable, los usuarios tendremos acceso a múltiples servicios y empresas, sin necesidad de que nos anden agujereando la pared cada vez que contratamos un servicio", subrayó. A su turno, Kicillof destacó que "es un derecho humano y una necesidad darle un marco jurídico al tema de las telecomunicaciones, no es posible que cinco empresas se dividen el 88 por ciento de las ventas y nos vacunen con las tarifas".

"Esta ley pone como servicio público a toda esa infraestructura, regulando velocidad y tarifa, lo que seguramente generará más inversiones en el sector", indicó el jefe de la cartera de Hacienda.

Finalmente, Capitanich aclaró que la letra del proyecto de ley fue producto "de un trabajo en equipo, compacto y armónico, bajo el liderazgo de la Presidenta".

"No es lo mismo montar plataformas digitales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que en distintos pueblos del interior, que es donde el Estado tiene que intervenir", agregó.

Con esta nueva ley se busca optimizar la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones, generando una arquitectura abierta de las redes que favorece la interconexión entre los distintos actores del ecosistema.

De esta manera, se propicia la competencia entre los prestadores en igualdad de condiciones, y una mejor calidad del servicio a un precio razonable, eliminando la larga distancia nacional para todos los servicios.