Estalló la primera paritaria privada del año. Tras una protesta que semanas atrás dejó varadas a 400.000 personas en todo el país, hoy desde las 21, y por tiempo indeterminado, habrá un nuevo paro de transporte de pasajeros de larga distancia.

Así lo anunció Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), luego de una fallida reunión celebrada ayer por la tarde en el Ministerio de Trabajo de la que participaron funcionarios del área y empresarios. "Mañana a las 21 arrancamos el paro hasta que se arregle esto", señaló el gremialista, que se retiró "muy caliente" del encuentro en el que los funcionarios sólo presentaron algunos "paliativos" para que los empresarios puedan afrontar el 23% de aumento, sumado a una retroactivo de 18% para los tres primeros meses del año, que unilateralmente decretó el Ministerio de Trabajo para los choferes.

"Nos están basureando y esto así ya no va más. Si mañana (por hoy) a la tarde no está el dinero del aumento salarial que reclamamos, a la noche para en todo el país el servicio de larga distancia", agregó Fernández.

Luego de la impasse por el acto del 25 de Mayo, en el que se rentaron cientos de ómnibus, y tras más de 20 días de negociaciones sin avances en el Ministerio de Interior y Transporte, empresarios y sindicalistas estimaron que las opciones oficiales eran "insuficientes".

El Gobierno ofreció algunas medidas relacionadas con la gratuidad de los pasajes para los discapacitados. En principio, el Estado podría hacerse cargo de $ 60 por pasaje. Hoy tienen un costo total, sólo para el transporte terrestre, de 250 pesos. En ese sentido, seguirían siendo gratuitos por ahora.

Por otro lado, y en una clara admisión oficial sobre las condiciones de emergencia que vive el sector, los funcionarios del Ministerio de Trabajo ofrecieron unos 1000 Programas de Recuperación Productiva (Repros), una cifra ínfima para un sector que emplea cerca de 22.000 trabajadores. Lo más impactante de la oferta es su valor simbólico. Los Repros son subsidios a trabajadores para evitar situaciones de despidos que se utilizaron tras la crisis de 2009. Básicamente, el Estado se hace cargo de parte de sus salarios. Según fuentes empresariales, los ofrecimientos del Gobierno no representan ni el 30% de los $ 70 millones mensuales que se necesitarían para hacer frente a la paritaria.