"Vamos a pagar la deuda que se vence en las próximas semanas, tenemos la fortaleza y la capacidad para seguir cumpliendo plenamente con nuestros compromisos internacionales este año", dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante unareunión con su equipo económico la semana pasada.

Sin embargo, aunque el anuncio arrancó aplausos, hay dudas razonables acerca de si Venezuela tiene recursos para pagar. El mes próximo vencen bonos de la deuda de la República y de la petrolera estatal Pdvsa por casi 6000 millones de dólares.

Desde que asumió el poder, en febrero de 1999, la Revolución Bolivariana ha desembolsado con puntualidad los pagos de deuda soberana. Sin embargo, en la coyuntura actual en la que las cuentas del Estado no cuadran, por primera vez hay dudas razonables acerca de si Venezuela -el país con las mayores reservas de crudo del planeta, con exportaciones petroleras por 100.000 millones de dólares en promedio anual- dispone de los recursos para pagar.

"Yo creo que ahora no los tiene, pero también creo que sí va a pagar. Por eso es el apuro por vender Citgo", afirma José Guerra, un reconocido economista que fue jefe de investigaciones del Banco Central de Venezuela (BCV) durante muchos años. Guerra hace referencia a la filial en Estados Unidos de Pdvsa, Citgo, un gigante con tres refinerías y 6000 estaciones de servicio que, según confirman las agencias internacionales de noticias, ha sido puesta en el mercado en busca de un mejor postor. "Están dispuestos a cualquier sacrificio para cumplir."

El anuncio presidencial de siete días atrás no disipó las dudas. De hecho, los mercados financieros castigaron desde entonces los bonos venezolanos, que en la bolsa de Nueva York experimentaron la mayor caída en un año, con una ligera recuperación el martes. Los inversores no están seguros de que Venezuela vaya a pagar. Los 16 meses de gobierno de Maduro han representado una pérdida de 10% para los tenedores de papeles venezolanos.

Casi al mismo tiempo, dos economistas venezolanos de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann -que fue ministro durante el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, entre 1989 y 1992- y Miguel Ángel Santos, se atrevieron a mencionar lo innombrable.

En una columna distribuida el viernes pasado por un servicio sindicado de opinión, bajo el título "¿Debería Venezuela dejar de pagar?", los dos expertos no sólo dieron sustento a las sospechas sobre la capacidad de pago del país, sino que, además, imprimieron un cariz ético al dilema que enfrenta el régimen chavista.

"El hecho de que esta administración haya escogido fallarles a 30 millones de venezolanos, en vez de a Wall Street, no es una señal de su rectitud moral, sino de su bancarrota moral", escribieron.

En efecto, Venezuela vive una aguda situación de escasez de bienes de consumo. El gobierno mantiene una deuda de 4000 millones de dólares con las aerolíneas internacionales, un diferendo que amenaza con dejar aislado por vía aérea al país. Desembolsos incumplidos de divisas por 150 millones de dólares impiden la importación de papel prensa y obligan a los diarios a cerrar o reducir sus ediciones.

Pendientes de pago 1000 millones con las industrias de los medicamentos, de autopartes y de alimentos, entre muchas otras, provocaron la desaparición de los productos en los mercados nacionales. Ante este default selectivo en el comercio exterior, que afecta al venezolano de a pie, se preguntan Hausmann y Santos: "¿Por qué priorizar los pagos de papeles?"

La reacción de los sectores financieros no se hizo esperar. Un analista del Bank of America, el venezolano Francisco Rodríguez, se apresuró en aclarar que "Venezuela tiene ingresos foráneos para asegurar un adecuado suministro de importaciones y para cumplir con sus obligaciones extranjeras".

"Hablar de default financiero ya representa palabras mayores -dice José Guerra-. Si Venezuela incurre en impagos, la situación sería peor que la argentina, porque la Argentina tiene capacidad para abastecerse de alimentos. Venezuela, no."

Lo razonable sería negociar una reestructuración de la deuda, una opción a la que el gobierno de Maduro se niega, para evitar tratos con los demonizados organismos multilaterales y protegerse de los altos intereses que los mercados impondrían a la nueva deuda.(LANACION)