En días de turbulencia financiera, el Gobierno se aseguró algunos récords de dudosa conveniencia: por primera vez, el gasto oficial superará el billón de pesos, a tal punto que será necesario emitir una fuerte cantidad de deuda para afrontarlo y hundir el resultado financiero del ejercicio 2014 en un rojo de más de $ 155.423 millones.

Esas cifras son el resultado inmediato de una medida grandilocuente. A través del decreto de necesidad y urgencia 1246, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió el presupuesto para este año en $ 199.044,5 millones, un 22,5% más de lo previsto cuando se aprobó en el Congreso. Los fondos se destinarán a subsidios y a pagar la estatización de YPF, por $ 40.000 millones.

Aunque hace años que el kirchnerismo acude a esa clase de maniobras para realizar gastos sin la aprobación previa del Poder Legislativo, en esta ocasión la medida traduce con precisión el estado actual de las cuentas públicas. Sucede que en los años anteriores las ampliaciones presupuestarias se hacían en diciembre, no en el octavo mes del año. Para los economistas, ése es un signo evidente de que el Gobierno se quedó sin plata mucho antes de lo previsto.

Otro punto que llamó la atención es la previsión para emitir títulos de deuda pública por casi $ 165.000 millones, tanto en moneda nacional como extranjera.

La norma, de más de 170 hojas, lleva la firma de la presidenta Cristina Kirchner y de varios ministros

Mientras la Argentina se acostumbra a transitar por el camino de un default de controvertida denominación, varios economistas consultados se hacían ayer la misma pregunta: ¿quién le prestará al país en estas condiciones? Es muy probable que nadie de afuera, por lo que el único camino de financiamiento se reduce a los organismos del propio Estado.

Además, el decreto publicado ayer exceptuó esas modificaciones presupuestarias de la prohibición de "realizar operaciones de crédito público [tomar deuda] para financiar gastos operativos [como el pago de sueldos, no inversiones]", algo que está dispuesto en la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.

La norma también contempla mayores ingresos para la administración pública. Una parte llegará a través de la ampliación de las utilidades del Banco Central ($ 28.900 millones) y otra por la mejora en la recaudación, de 32.679 millones de pesos, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto.

El fuerte incremento del presupuesto no terminó de sorprender a Marina Dal Poggetto, economista del estudio Bein, porque "el aumento del gasto hasta mayo había sido del 41,3% en promedio".

Según sus números, la proyección de gasto para este año era de $ 1.012.000 millones. La modificación de ayer ya la superó. Y podría haber otras antes de fin de año.

"El presupuesto no se ajusta con la realidad. Tiene subestimados ingresos y gastos, por lo que luego hay que hacer esta clase de ajustes", explicó Fausto Spotorno, director del estudio de Orlando Ferreres.

HIJO DE LA DEVALUACIÓN

El fuerte incremento del gasto está apalancado por la devaluación de enero. Varios programas del Gobierno delatan esa situación. Por ejemplo, el incremento de las partidas destinadas a pagar las importaciones de energía, que cotizan en dólares. Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, encargada de importar combustibles líquidos, recibirá otros $ 32.750 millones, suficiente para convertirse en la jurisdicción más beneficiada dentro del Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido. Mientras que Enarsa, la compañía estatal de energía que paga las facturas por las compras de gas desde Bolivia y de ultramar, recibirá otros 23.507 millones de pesos.

Otra muestra de los efectos de la devaluación: se ampliaron en $ 12.447 millones los fondos del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas, que le permite al Gobierno asegurarles a las petroleras un precio de US$ 7,50 por millón de BTU por la nueva producción de ese insumo.

Es la receta del ministro de Economía, Axel Kicillof, para reducir las importaciones que obligan a desprenderse de dólares. Pero en el trasfondo muestra una pelea por los fondos públicos: aunque esa clase de partidas iba antes a Planificación, ahora están en la órbita de Kicillof, que en términos porcentuales obtuvo la mayor ampliación presupuestaria, del 128 por ciento.

El Ministerio del Interior y Transporte, de Florencio Randazzo, también llenará su alcancía. Recibirá $ 11.059 millones, de los cuales $ 1141 millones se destinarán a Aerolíneas Argentinas para financiar gastos corrientes (como sueldos), más de $ 5000 millones para subsidios a colectivos y $ 1836 millones para trenes, entre los más importantes.

Por Pablo Fernández Blanco  | LA NACION