Con desconcierto se sigue en esta ciudad la estrategia argentina de cargar contra el sistema judicial norteamericano -ayer se sumó el jefe de Gabinete, al poner en duda la independencia de ese poder de los fondos buitre- en vísperas del inicio de las negociaciones con losholdouts.

"Muchos funcionarios estadounidenses dicen que su poder judicial es independiente. Que no se involucran. Será todo lo supuestamente independiente que dice ser, pero no es independiente de los fondos buitre", disparó ayer Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa.

El jefe de Gabinete insistió en que el juez Thomas Griesa a ha mostrado "clara parcialidad" a favor de los fondos litigantes. "Sus maniobras" quieren empujar al país al default, añadió. Los dichos del funcionario se sumaron a los que 24 horas antes habían pronunciado en esta ciudad el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, quienes insistieron en la línea de la presidenta Cristina Kirchner, en el sentido de que el fallo del magistrado neoyorquino es una "extorsión".

La lluvia de epítetos contra el sistema judicial a cuya jurisdicción la Argentina decidió someter la emisión de sus bonos de deuda generó cierto desconcierto en esta ciudad.

"Puede que el fallo no te guste, pero no está claro qué quiere conseguir el Gobierno cargando directamente contra el juez", dijo a LA NACION una ex jueza que viene siguiendo el caso. La misma fuente recordó que el propio Griesa admitió públicamente que el hecho de que la presidenta Cristina Kirchner hablara de "extorsión" al calificar su sentencia complicaba las cosas.

"Hubiera sido más fácil que no dijera eso", sostuvo el juez en la audiencia del pasado día 18, la primera que hubo entre abogados de partes luego de que la Corte Suprema de EE.UU. ratificara el fallo adverso contra la Argentina y en favor de los holdouts.

Las constantes quejas por el fallo fueron criticadas por los fondos demandantes NML Capital y Aurelius Management y les sirven, entre otros elementos, para poner en duda que el Gobierno quiera realmente llegar a un acuerdo de partes, como proclama.

El gobierno de Barack Obama defendió en cambio el criterio de sus magistrados, la independencia del Poder Judicial y la necesidad de no interferir políticamente con sus decisiones.

"Por eso no podemos acompañar ninguna propuesta en contrario", argumentó la subsecretaria adjunta para la región, Roberta Jacobson. Lo hizo al confirmar su negativa al respaldo político que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio al país anteayer, en asamblea extraordinaria de cancilleres.

Entre quienes integraron la delegación que viajó a esta ciudad para exponer ante el organismo regional existía profundo malestar con el juez pero, también, más soterradamente, con el gobierno norteamericano, con algún reproche por no haber intervenido más activamente en la disputa. "¿Me vas a decir que no podrían haber llamado al juez y explicarle de qué se trataba esto y que el juez no podría haberlo entendido?", escuchó LA NACION de boca de uno de ellos.

Algo de ese malestar pareció exponer también Kicillof. "El gobierno de los Estados Unidos comprendía lo que estaba en riesgo. Me pregunto yo por qué después cambió de opinión y no permitió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos acompañara" con una presentación en nuestro favor ante la Corte Suprema, reprochó.

Una fuente judicial consultada aquí explicó que es inexacto que un magistrado no pueda escuchar razones extrajudiciales, como en este caso, por el escenario complejo que se le abre al país si paga la sentencia tal como está dictada. "El derecho no es una ciencia exacta y la conciencia del juez, en el derecho norteamericano, tiene una enorme cabida. Sobre todo, en lo que se denominan litigios estratégicos", argumentó la fuente. Pero, a la luz de los resultados, al menos, dudó de que esa herramienta haya sido puesta en marcha de modo eficaz por la Argentina.

Timerman, en tanto, se sumó a la embestida contra la independencia. "Los Estados Unidos nos inunda con informes sobre la independencia judicial en nuestros países. Es llamativo que no permita que se hable de su sistema judicial", reprochó. (La Nación)