“Si la actuaciones vuelven y se insiste en el despacho del juez Tomás Griesa el desembolso en una sola vez y de todo lo adeudado a los fondos buitres por los valores nominales de la deuda, esto es un problema serio para la Argentina y el mundo” señala Jorge Hernández.

El docente comenta que esto haría que se redefinan contratos para la Argentina, clausulas con los bonistas que aceptaron el canje y que si en algún momento se llegara a dar algún beneficio a algún grupo tiene que ser extensible para todos.

“Si se le paga el total a los fondos buitres, la Argentina debería reconocer el valor nominal de las deudas y renegociar” agrega.

El país entraría en default si no paga por el riesgo de que los fondos que Argentina transfiere para atender el pago de los bonitas que entraron en el canje puede ser apropiado para ser atendidos ante esta deuda. 
 
El monto en sí de la demanda no es significativo visto en perspectiva. Los fondos que están en juicio tienen 1.330 millones de deuda (que se declaró en default en diciembre de 2001). Este es el monto (con alguna diferencia por los intereses) que el Estado argentino debería pagar en su totalidad y al contado si hubiese que hacer efectiva la sentencia de Griesa.

Si bien es un monto significativo hoy para Argentina (que está cuidando al máximo sus reservas, pese a lo cual aún no superan los 29 mil millones de dólares), en el contexto de la deuda total es muy bajo: alrededor de un 0,6 por ciento.

Pero este bajo porcentaje adeudado podría acarrear otras consecuencias. El juez neoyorquino incluso dispuso que para que esta se cumpla, se podrían embargar fondos del país en bancos estadounidenses. Por eso correría riesgo el monto que Argentina tiene que depositar en Nueva York el 30 de junio, cuando vence el próximo pago de los bonos Discount. De esta manera, el país caería en default técnico, y lo más probable es que se vea obligado a cambiar el domicilio de pago de esas obligaciones (u ofrezca un canje por bonos bajo ley Argentina).

Además, según la interpretación argentina, el país tendría que afrontar en iguales condiciones toda la deuda que aún no adhirió al canje. El ministro de Economía, Axel Kicillof, puntualizó que esto suma 15 mil millones de dólares. Es decir, llegaría al siete por ciento del monto de la deuda pública.

El tema se complicaría aún más si el resto de los acreedores, aquel 93 por ciento que sí ingresó a los dos canjes y hoy está cobrando normalmente, decide hacer aplicar la cláusula Rufo (siglas en inglés) y pide las mismas condiciones de pago de los holdouts. Esta última posibilidad es la que tiene menos probabilidades.
 
La composición de la deuda pública argentina tuvo un cambio drástico desde el default de diciembre de 2001.

Aunque no hubo una verdadera política de “desendeudamiento”, como gusta decir el Gobierno, sí hubo cambios que la hicieron sustentable tras los canjes de 2005 y 2010.

En primer término, se redujo en forma importante respecto del producto interno bruto (PIB). Del 166,4 por ciento en 2002, o 74 por ciento antes del canje se pasó al 45,6 por ciento en el tercer trimestre de 2013 (el último dato informado por el Ministerio de Economía).

Por otra parte, bajó la proporción de moneda extranjera: la deuda neta (sin contar la que se tiene con organismos del sector público) equivale al 15,1 por ciento del PIB.

Pero, además, lo que se llamó desendeudamiento, en realidad, fue un cambio marcado de acreedor. En 2005, casi la totalidad de la deuda estaba contraída con tenedores de bonos privados y con organismos de crédito internacionales. En 2013, la deuda pública neta (como llama el Gobierno al total menos aquella que está financiada por entes del sector público, como la Anses, el Banco Central u otros) representaba el 60,5 por ciento del total.

Lo relevante del financiamiento con organismos públicos es que pueden ser reprogramados a su vencimiento. En cambio, el país tiene que cancelar el resto de las obligaciones porque, hasta ahora, no había posibilidad de refinanciarlas.

Lo que todos esperan es que los intentos del Gobierno por normalizar la situación financiera internacional (acuerdo con Repsol, el Ciadi y el Club de París, acercamiento al Fondo Monetario Internacional para que monitoree los indicadores de precios y crecimiento) permitan, en algún momento del futuro volver a emitir deuda en los mercados.

Por ahora, lo que se hizo fue pagar los vencimientos, primero con superávit fiscal y, a partir de 2010, con reservas del Banco Central. La deuda con privados se redujo pero aumentó en su totalidad: de los 164.330 millones de dólares (sin holdouts ) que se debían a fin de 2010, en septiembre de 2013 se llegó a 201.009 millones, que suman 212.713 con los holdouts . Son 36.700 millones de dólares más, un 22 por ciento, y aquí no está contado el efecto de la devaluación de enero último.

Además, el financiamiento con organismos públicos generó otros problemas que hicieron insostenible todo el proceso, como bien se dio cuenta el Gobierno y por eso ahora los intenta revertir: emisión monetaria (y consecuente, inflación) y pérdida de reservas, los más evidentes.

Fuente: Informe 16 - LV16.com
Redacción LAVOZ