Habrá un cuarto operador privado de telefonía móvil en la Argentina.
Con el aval -y el estímulo- de la Casa Rosada, los empresarios Matías Garfunkel y Sergio Szpolski, socios en el multimedio Veintitrés , están por poner un pie en ese sector, en el que próximamente selicitarán frecuencias para servicios 3G y 4G. Tienen por lo menos dos alternativas: comprar Nextel (en venta desde hace un año) o presentarse con Telcorad, una desconocida pyme de telecomunicaciones propiedad de los empresarios.
La primera alternativa -la adquisición de Nextel- fue confirmada a LA NACION por fuentes empresariales que conocen de cerca la transacción en marcha porque también intentaron adquirir esa operadora, hasta ahora sin éxito, a pesar de haber ofrecido más dinero. La segunda opción fue informada a este diario por una alta fuente del grupo Veintitrés, según la cual Garfunkel y Szpolski analizaron la compra de Nextel, aunque después la descartaron.
En cualquier caso, los empresarios tienen el visto bueno del gobierno de Cristina Kirchner, especialmente de la agrupación juvenil La Cámpora, que ocupa cargos clave en el área, entre ellos en la Secretaría de Comunicaciones y en Arsat.
"A los norteamericanos de Nextel les gustaría vender a alguien con más «integrity», como dicen ellos, pero no tienen más remedio que hacerlo a aquel que les asegure que la operación será aprobada por el Gobierno, y éste parece ser el caso", dijo una de las fuentes. Quien debe asegurar esa firma es el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, uno de los principales referentes del camporismo que lidera el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner. De no darse el OK oficial, Nextel y su comprador entrarían en un limbo de incertidumbres. Según el ejecutivo de Veintitrés que habló con LA NACION, "lo de la venia del Gobierno es relativo, porque no es servicio público, y si bien tiene que autorizar, lo debe hacer con menos requisitos y casi sin poder discrecional".
Todas las fuentes involucradas pidieron no ser citadas, pero se trata en todos los casos de altos y reconocidos ejecutivos de las empresas que pelean por ingresar en la telefonía móvil. "No nos sirve Nextel salvo que nos la vendan por dos pesos: los sitios donde están sus antenas son 70% alquilados y no cubren toda la Argentina, no tienen espectro 3G y habría que tirar a la basura toda la tecnología que usan. Sería como comprar una aerolínea y licitar por una línea de tren. Para licitar no hace falta la mochila de tecnología obsoleta y empleados", dijo el vocero de Veintitrés que respondió la consulta . En cambio, confirmó: "Participaremos de la licitación para 3G y 4G sin Nextel, juntos Garfunkel y Szpolski, a través de una empresa de telco chiquita que el grupo opera en Mendoza y Neuquén y que se llama Telcorad", insistió.
Según supo LA NACION, es posible que Garfunkel y Szpolski compren Nextel por dos pesos porque el kirchnerismo aplicaría a esa operadora una receta de "argentinización" similar a la que ya usó en 2007 en YPF, antes de estatizarla definitivamente. Así, Nextel sería comprada, en parte, con su propio dinero. Impedida de girar dividendos a su casa matriz, la firma tiene una caja repleta de pesos (una fuente dice que equivaldrían a US$ 120 millones, otra sostiene que podrían ser hasta US$ 180 millones). El gobierno le permitirá convertir esos pesos a dólares al valor oficial y girarlos a su sede central, donde ningún recurso alcanza para aplacar una deuda de casi US$ 6000 millones.
Ante la pregunta de LA NACION acerca de cómo se financiará el desembarco en la telefonía móvil, el vocero de Veintitrés sólo respondió: "Nos vamos a financiar como lo hacen las otras operadoras". Sin embargo, si Garfunkel-Szpolski se presentan a la licitación con la pyme Telcorad, tendrán que engrosar hasta el infinito sus espaldas financieras. "En ese tipo de lictación podés presentar una carta de compromiso irrevocable o el aval de un banco con financiamiento", exageró la fuente de Veintitrés.
Más allá del giro de divisas retenidas, según fuentes del mercado, la filial argentina de Nextel valdría actualmente cerca de US$ 200 millones. Sin embargo, con espectro, autorización oficial para funcionar, una inversión en infraestructura de alrededor de US$ 800 millones y un management eficiente (que logre quitarle 10% de la clientela a cada uno de los otros tres operadores), la misma compañía "podría valer hasta US$ 8000 millones dentro de cinco años", según afirmó uno de los ejecutivos consultados.
"Migrar" a los clientes no sería difícil: las tres actuales operadoras tienen sus redes saturadas, lo que afecta la calidad de su servicio, y el eventual cuarto nuevo jugador tendría espectro y redes libres de congestiones, lo que sería valorado sobre todo por los usuarios de mayor poder adquisitivo. "Al lado de esto, en términos económicos, Ciccone es una estupidez", dijo a LA NACION una de las fuentes consultadas y preocupadas por el curso que está tomando el futuro de Nextel. La movida parece haberse acelerado porque Nextel USA podría entrar en Chapter 11 (una suerte de concurso de acreedores, aunque más benigno) y eso haría que la transferencia esté sujeta a la decisión de los jueces.
Nextel tiene dos millones de clientes en la Argentina, donde explota un negocio muy rentable (en 2013 facturó 3000 millones de pesos), pero utiliza una tecnología antigua (iDen de Motorola) que el año próximo podría quedar obsoleta, sin mantenimiento ni fabricación de nuevos terminales. Además, carece de frecuencias 3G, lo que le impide competir en igualdad de condiciones con las demás empresas.
En 2011, Nextel se presentó -y hubiera ganado- a una licitación por espectro 3G idéntica a la que ahora impulsa el gobierno de Cristina Kirchner. Aquel viejo concurso fue dejado "sin efecto" en 2012, cuando todo el espectro involucrado fue asignado a la estatal Arsat y destinado al frustrado proyecto de telefónica gubernamental Libre.ar, ahora descartado. Esa decisión oficial les puso una lápida a las esperanzas de recuperación de Nextel en la región. Ahora, todos los órganos oficiales en telecomunicaciones están bajo control de La Cámpora: en la Secretaría de Comunicaciones, Berner; en la empresa estatal Arsat -que aún tiene asignado el espectro 3G que se licitará-, el presidente es Matías Bianchi Villelli, y en la Comisión Nacional de Comunicaciones, el subinterventor es Nicolás Karavaski, todos ellos camporistas.
Garfunkel y Szpolski son socios en el conglomerado de medios Veintitrés, donde a pesar de una supuesta pelea el segundo opera como gerente del primero. En los últimos años, ese grupo recibió alrededor de $ 100 millones anuales en publicidad oficial, sin contar otros beneficios estatales (por ejemplo, el Gobierno pone al aire de manera gratuita en la televisión digital terrestre la señal de noticias CN23).
En 2010, asociado a Raúl Moneta, Garfunkel -con la venia en esa época del propio Néstor Kirchner- intentó quedarse con las acciones de Telecom Italia en Telecom Argentina cuando el kirchnerismo buscaba expulsar a los europeos de esa telefónica. Aquella primera incursión de Garfunkel terminó mal: los avales presentados por Moneta fueron falsos y su sociedad fue a parar a la Justicia, donde el pleito se cerró con la transferencia de la FM Rock & Pop y AM Splendid.
La casa matriz de Nextel, adquirida por Sprint en 2006, decidió hace dos años concentrar sus actividades latinoamericanas en México y Brasil y vender el resto de sus operaciones. Ya transfirió su filial de Perú, y tiene interesados por las de Chile y la Argentina. Por la sede argentina se anotaron en su momento la Corporación América, de Eduardo Eurnekian (quien abandonó la pelea cuando La Cámpora desembarcó en el área); el zar del juego -y también kirchnerista- Cristóbal López; el Grupo Clarín, a través de Cablevisión (la ley de medios no le impide tener telefonía celular, que legalmente no es un servicio público), y Carlos Joost Newbery, un empresario de larga trayectoria en la movilidad, histórico armador de consorcios con los que ganó ya varias licitaciones (desde la primera Movicom hasta la más reciente CTI), entre otros.
Sin embargo, sólo el tándem Garfunkel-Szpolski puede mostrar ahora la carta del apoyo oficial. (La Nación)