Los municipios del interior provincial no adherirían, mediante ordenanzas propias, a la nueva ley provincial que exige que los motociclistas coloquenstickers identificatorios del número de dominio del rodado en el casco. De todos modos, desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba ratifican que esa ley será de aplicación en cada localidad cordobesa porque la Policía la pondrá en práctica, sin depender de inspectores municipales.

Entre los municipios más grandes del interior no está ni siquiera en debate la adhesión formal a la ley. Menos aún entre los medianos y chicos, porque consideran que el fenómeno que se pretende controlar mediante esa norma (el del delito con el uso de motos) no es una realidad visible en esas poblaciones. Cuando fue aprobada por la Unicameral en marzo de 2013, el entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes –promotor de la norma–, advirtió que sería aplicable en toda la provincia, sin necesidad de que cada localidad adhiriera. Ahora, voceros del actual ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, ratificaron ese criterio.

“Es una tarea policial, no municipal. La implementación será progresiva y seguramente empezará por Capital”, se indicó. “Está incluida en el Código de Faltas, por lo cual la Policía de Córdoba tendrá facultades para hacer los controles en todo el territorio”, se ratificó, con similar criterio al anunciado hace un año. El argumento es que los controles se vinculan con la prevención del delito, y no con normas de tránsito que sí entran en jurisdicción de las autonomías municipales.

En el interior, en todo caso, parece haber alguna expectativa de que esta norma ayude a controlar el efectivo uso de cascos (por la presencia policial), más que a reducir los delitos con “motochorros”. De hecho, numerosos municipios han logrado que la mayoría de sus motociclistas usen casco, pero muchos otros tienen dificultades.

Un artículo de la ley aprobada en 2013 establece que los municipios podrán firmar convenios con la Policía para hacer controles conjuntos. Pero ese agregado no obliga a la Policía a contar con la adhesión de los municipios para controlar la patente en cascos.

Desde que se empezó a discutir la ley, fuentes policiales admitían que se concentrarían los esfuerzos de aplicación en la ciudad de Córdoba y, en todo caso, en las mayores del interior.

Salvo en Río Cuarto, donde se han dado algunos casos, ese tipo de arrebatos casi no aparece en el interior.

En la cabeza

Se calcula que hay 700 mil motos y ciclomotores en la provincia. La ley 10.138 prevé que quienes no lleven en sus cascos la calcomanía con la patente podrán recibir multas, secuestro de la moto y hasta días de arresto si reinciden. Se lo exigirá junto a la documentación obligatoria.

Asociaciones de usuarios y concesionarias reclaman contra esta norma. Consideran que “es estigmatizante” por vincular a todo motociclista con la delincuencia y apuntan que no resolverá el flagelo de los arrebatos. También la califican de arbitraria y cuestionan que opera como “un nuevo impuesto” por el costo de los stickers , que se renuevan cada dos años.

En el interior, lo ven como una norma para la Capital

Río Cuarto. La directora de Tránsito del ente de control municipal, Viviana Olivares, señaló que no está previsto que el municipio haga controles de stickers en cascos. “No tenemos una ordenanza específica que nos mande a hacer cumplir esa ley; seguramente eso lo controlará la Policía”, indicó Olivares.

Recordó que el municipio exige a motociclistas el uso de casco, documentación, carné y seguro en regla. Por mes, se secuestran en Río Cuarto entre 350 y 400 motos en infracción. Pero no hay proyecto de ordenanza que determine una sanción municipal por no llevar el número de patente en el casco.

En Río Cuarto, se acrecentaron en el último tiempo los controles de la Policía sobre motociclistas, aunque sin aplicar la nueva ley aún. Según la fuerza, se han sucedido algunos delitos adjudicables a “motochorros” en la ciudad. Mientras, un grupo autodenominado de “moteros”, liderados por David Pedraza, viene cuestionando en Río Cuarto la ley que obliga a identificar a los cascos. Advierten que los delincuentes por lo general no utilizan motos con patente y que pueden complicarse las investigaciones de la Policía si se comienzan a utilizar cascos robados para cometer delitos.

Villa María. No está previsto adherir a la ley. Carlos De Falco, secretario de Prevención Comunitaria del municipio, dijo que la prioridad es lograr incrementar el uso del caso. De todos modos, no descartó que se evalúe analizar una adhesión “en un futuro”.

Sobre casos de arrebatos con participación de motociclistas, señaló que en esta ciudad “se dieron pero en muy pocas ocasiones”. Remarcó que en los controles conjuntos con la Policía provincial se verifica la procedencia de las motos que circulan y las que no acreditan documentación son retiradas. Ese tipo de medidas -agregó De Falco- ya contribuye a la seguridad.

Carlos Paz. No prevé adherir expresamente a la ley. No hay proyectos en el Concejo de Representantes en ese sentido. En el municipio señalan que no es un modo frecuente de robo en la ciudad, aunque se hayan denunciado algunos casos aislados.

Río Tercero. el intendente Alberto Martino adelantó que no se aplicará esa exigencia a nivel local. Evaluó que es un sistema “para implementar en grandes ciudades” y opinó que “el interior provincial vive otra realidad”, tras marcar que el delito con “motochorros no es un problema” local. También aclaró que “los controles permanentes a motos, que el municipio realiza en forma conjunta con policías, son rigurosos”.

Villa Dolores. Registra un solo caso, y de hace años, de un arrebato usando moto. En ese marco, el tema de las patentes en los cascos no preocupa a las autoridades ni a la comunidad. “

No hemos recibido ninguna información formal de la Provincia, pero aquí no haría falta implementarlo. En caso de hacerlo, lo instrumentará la Policía por su cuenta”, señaló el director de Tránsito, Juan Esteban.

Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate. En la región sostienen similar criterio. Luis Grión, intendente de Caroya, vio poco probable que se pueda implementar a nivel local y apuntó que el tema no forma parte de la agenda conjunta que vienen trabajando esos tres municipios vecinos. “Me parece que no se justifica. Ni siquiera tenemos reportes de ‘motochorros’ en la región, salvo algún caso muy aislado”, señaló Grión.

Fuente: La Voz del Interior