Una vez más, el oficialismo postergó el tratamiento de la nueva Ley de Ambiente en el recinto de la Legislatura. 
La decisión fue anunciada por el legislador Dante Heredia, presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral, al finalizar la reunión de esa comisión ayer al mediodía. 
Heredia argumentó que en los últimos días se presentaron varios proyectos alternativos, a ser analizados para poder incorporarse en el texto del proyecto final que se pondrá en consideración de los legisladores, en principio, el miércoles de la semana próxima.
Entre ellos, mencionó el del bloque del Frente Cívico y el del Seminario de Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (Iifap), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
En ese ámbito, los distintos bloques exigieron al oficialismo que enviase antes del fin de semana el borrador final del proyecto definitivo a fin de poder analizarlo antes de la próxima reunión de comisión, que se realizará el martes. 
Según trascendió, la intención de los legisladores de Unión por Córdoba es que el proyecto sea aprobado por la mayoría de los bloques, y que no se produzca lo mismo que con la Ley de Bosques, que luego de meses de debate con diferentes entidades y especialistas ambientales, se incorporaron modificaciones a último momento que no contaban con consenso de la mayoría.
Cabe recordar que una de las propuestas que fueron difundidas en las últimas horas fue la del Frente Cívico, que pide exige un plan Quinquenal de Salud y Ambiente de la Provincia con la elaboración de un mapa de riesgo ambiental desagregado por regiones en la Provincia, teniendo en cuenta las distintas actividades productivas (agrícolas, ganaderas, industriales, mineras, etcétera), entre otras cuestiones. Además, propone analizar las principales causas de morbilidad y mortalidad en la Provincia y los factores ambientales de posible asociación. 
En su proyecto alternativo pide además garantizar la participación ciudadana con acceso a información, audiencia pública obligatoria, y consulta popular àmbiental obligatoria para aquellos proyectos de alta complejidad ambiental que generen conflictividad social. E incorpora la figura del amparo ambiental como medida de protección inmediata y eficaz para hacer cesar el daño ambiental.
En tanto, la propuesta del Seminario de Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (Iifap), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fue elevada la semana pasada y se basa en la incorporación de acción de amparo de los intereses difusos y/o derechos colectivos.
 Cecilia Carrizo, referente del Iifap, explicó a LA MAÑANA que el proyecto oficialista original sólo incluía herramientas de política ambiental para el Gobierno como planificación y ordenamiento, pero no para la ciudadanía. 
“La acción de amparo de los intereses difusos y/o derechos colectivos, ese basa en el artículo 43 de la Constitución Nacional (derecho al amparo) y el artículo 38 de la Ley General del Ambiente (amparo ambiental colectivo). Este último reconoce la legitimidad de un colectivo. Actualmente, la Justicia cordobesa no reconoce ni siquiera la del defensor del pueblo para estas acciones de amparos, como no lo hizo con los vecinos de Malvinas Argentinas o con el Club de Derecho”, señaló Carrizo. Otra de las iniciativas del Iifap en su propuesta es que los funcionarios públicos sean responsables por acción u omisión, y sean sancionados con multa.

Movilización

Por otro lado, organizado por la agrupación Malvinas Lucha por la Vida y los asambleístas de Malvinas Argentinas, se anunció que el miércoles próximo está prevista una concentración en la Legislatura Provincial para rechazar la aprobación de la nueva Ley Ambiental de la Provincia, por asegurar que la misma permitirá el desembarco de la multinacional Monsanto a la Provincia. 
En principio, la movilización iba a realizarse hoy, pero fue reprogramada en función de la postergación del tratamiento del proyecto de ley. 

Piden transparencia

Medardo Ávila Vázquez, de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados, señaló ayer a LA MAÑANA que el debate por una nueva ley de Ambiente provincial debe conllevar un debate de mayor profundidad y análisis, buscando el consenso. “El problema ambiental es de todos y no se puede legislar a espaldas de la gente y según la necesidad de los agronegocios”, aseguró.
“Luego del informe de cáncer del Gobierno provincial en que se confirma que en aquellas localidades fumigadas es donde se concentran la mayor cantidad de casos, hay que tomar medidas y tener en cuenta la salud para diseñar políticas ambientales”, apuntó el médico. 
Por otro lado, exigió que el debate de los legisladores “no sea a espaldas de la gente, porque nos llamaron a brindar una opinión pero aún no conocemos cuál será el proyecto definitivo y que propuestas fueron tenidas en cuenta. Queremos que el proceso se transparente y que se den a conocer con anterioridad los borradores de los proyectos que se debatirán en la Legislatura”, manifestó.

Fuente: La Mañana de Córdoba