Pese a que el gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria, los trabajadores hoy no ingresaron a la planta. Anuncian una nueva movilización para mañana. Agrava la crisis en una industria muy golpeada
La autopartista Gestamp fue eje de la polémica durante todo el fin de semana, luego de que la propia Cristina Kirchner cuestionara que el gobernador bonaerense Daniel Scioli hubiese dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que paraliza a la planta y afecta la producción de las automotrices en todo el país. El conflicto aún parece lejos de solucionarse: este lunes, empleados de la fábrica se presentaron a las 6 de la mañana a trabajar pero no pudieron ingresar a sus puestos.
Acompañados por agrupaciones de izquierda, los trabajadores protestaron en la entrada de la fábrica para que se les permita el paso a todos, en cumplimiento de la conciliación obligatoria que el gobierno bonaerense dictó durante el fin de semana.
Según se supo más tarde, la empresa dispuso una licencia para todos sus empleados pese a la orden dictada por el gobierno bonaerense. El argumento oficial fueron "razones de limpieza e higiene" de la planta, tras la toma que protagonizaron diez empleados que se atrincheraron sobre un puente-grúa.
Este martes, agrupaciones de izquierda, los delegados de la fábrica, los despedidos que fueron reincorporados y todos los empleados de la fábrica se congregarán a las 5 de la mañana para intentar ejercer presión y que se permita el ingreso de todos a las 6.
Al conocer la conciliación obligatoria dictada por la Provincia, la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, advirtió: "Es una solución facilista". "Si vas a dictar la conciliación obligatoria dictamela hace 55 días (sic) y no 55 días donde tuve que esperar a tener prácticamente 5 terminales paradas poniendo en una situación no merecida a 80 mil familias de la cadena automotriz", apuntó.
La semana pasada, el conflicto tomó un nuevo cariz luego de que un grupo de diez operarios decidieraatrincherarse sobre un puente-grúa a 15 metros de altura para que se reincorpore a los 69 empleados despedidos. "El lugar está totalmente militarizado: hay integrantes de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y también gente de la montada, que intimidan permanentemente a los trabajadores", denunció en aquel momento Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS, que apoyaba la protesta.