Es inevitable. Ayer, comenzó la cuenta regresiva para que por primera vez un vicepresidente sea procesado por corrupción. Nadie paga dos veces el costo político de una decisión y eso lo sabe bien el juez federal Ariel Lijo, experto en cómo moverse entre los pliegues del poder.

Lijo dispuso algunas medidas de prueba adicionalesantes de la indagatoria de Amado Boudou, prevista para el 15 de julio próximo. Lo acusa de quedarse con la imprenta Ciccone para hacer negocios con el Estado, como la impresión de papel moneda o las boletas electorales del Frente para la Victoria que lo llevaron al poder en 2011. Son dos contratos a los que accedió la empresa, recién salvada de la quiebra, merced a las gestiones de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona y de Alejandro Vandenbroele, conocido de ambos, según Lijo.

Para cerrar el círculo de evidencias, el juez citó a declarar como testigos al secretario privado de Boudou, Eduardo "Cachi" Romano para el 18 de junio, a las 10, y a Eduardo Taiá, para el 25 de junio. Romano deberá responder por las dos llamadas que realizó a Alejandro Vandenbroele, quien fue director de la ex Ciccone, y alguien a quien Boudou dice no conocer.

Las llamadas entre Vandenbroele y Romano, también de Mar del Plata, ocurrieron en octubre de 2010, el mismo mes en que concretó la resurrección comercial de la ex Ciccone, porque pesaba sobre ella un pedido de quiebra. A esas dos llamadas se suma al menos una tercera comunicación que "Cachi" Romano hizo al departamento del complejo River View de Puerto Madero, que pertenece a Boudou, pero cuando ya se encontraba alquilado al socio de Vandenbroele, Fabián Carosso Donatiello, quien reside en España. Supuestamente vivía en ese inmueble. Los cruces de llamadas representan un nuevo indicio sobre el supuesto vínculo que existiría entre Boudou y Vandenbroele. Esos cruces también exponen el rol crucial que Núñez Carmona asumió durante esos meses, cuando se comunicó varias veces con Rafael Resnick Brenner, jefe de asesores del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, partícipe en el plan de facilidades que consiguió la imprenta para ponerse al día con sus deudas fiscales.

El otro testigo convocado por Lijo es más misterioso: Eduardo Taiá, un abogado a quien el juez quiere interrogar sobre un trámite notarial en el que intervino y del que no se conocen detalles públicamente.

Éstas son las últimas medidas de prueba antes de la indagatoria al vicepresidente, que llamativamente es el primero de la lista de imputados que deberán desfilar por Comodoro Py 2002, cuando generalmente el acusado de mayor responsabilidad es el último.

Esto se explica sólo si se piensa que el juez tiene pocas preguntas para el vicepresidente. Será Boudou el que tenga la oportunidad de explicar todo lo que crea conveniente para desacreditar las evidencias que reunió Lijo. Se deduce también que el juez supone que los consortes de causa de Boudou (excepto Ciccone y Reinwick) no tienen pensado complicarlo.

No es extraño que, más allá de esperar la indagatoria, ya se bosqueje en el juzgado lo que sería un posible auto de procesamiento del vicepresidente, donde quedará claro cuál es el tipo penal que elige el juez para encuadrar su conducta. El fiscal Jorge Di Lello habló de negociaciones incompatibles con su función, pero otra puede ser la mirada de Lijo. El cohecho es una figura que no se descarta. Ambos tienen la misma pena máxima de seis años de prisión. Cuando se conoció que salieron del juzgado de Lijo las cédulas de notificación, sus colegas y algunos fiscales, con los que habló LA NACION, suponían que el juez iba a procesarlo. La lectura que hacían es que nadie iba a tomar semejante riesgo y pagar un costo político tan alto, como lo es citar a un vicepresidente como sospechoso de un acto de corrupción, para después sobreseerlo o dictarle una falta de mérito.

Si así lo decidiera, caería en la trampa que él mismo se armó, algo a lo que no está dispuesto el juez Lijo, un experto en el truco, que sabe que en esta mano se juega, en lo más alto, política y poder.

Fuente: LA NACION