Rdeado de familiares de víctimas del delito y parado entre dos torres de cajas en la que se apilaban listas y planillas, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, anunció ayer haber recolectado más de dos millones de firmas contra el proyecto de Código Penal que impulsa el Gobierno. Y buscó convertir ese rechazo en un desafío. "No sólo queremos que no bajen las penas: creemos que deben subir las penas al narcotráfico, a la trata, a la violación. Pero, sobre todo, queremos que suban las penas a la corrupción", arengó.

Massa reunió a su tropa de legisladores, intendentes y concejales en el microestadio municipal de Hurlingham, que terminó desbordado. Como sucedió con el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas, el 13 de marzo pasado, apuntó a imprimirle un sello emotivo antes que político al evento: con él, sólo subieron al escenario familiares y víctimas de la inseguridad y referentes de organizaciones como las Madres del Dolor, las Madres del Paco o la Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi).

Ellos se encargaron de abrir el acto. "Día a día ver a un hijo muriéndose por culpa de esa maldita droga es muy triste. Queremos seguridad para que nuestros hijos puedan salir a la calle", pidió María Isabel Rego, de Madres del Paco. "Trabajé 10 años en crear un registro de violadores. Si se aprueba este código termina en la basura, porque se elimina la reincidencia", agregó María Elena Leuci, de Avivi.

Con su rechazo al anteproyecto de Código Penal -al que accedió dos meses antes de que el Gobierno lo hiciera público gracias a las artes de la diputada Graciela Camaño-, Massa no sólo acaparó la escena política, sino que se anticipó al resto de la oposición, que quedó entrampada por haber aportado juristas y legisladores a la comisión de reformadores que lideró el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

En marzo, el tigrense prometió juntar cinco millones de firmas en contra de la reforma. Una cifra nada inocente, si se piensa en los votos que necesita un candidato para llegar a la presidencia. Ayer, Massa anunció haber juntado 2.102.397 firmas, indicó que hay 400.000 avales más por procesar y que espera llegar a su objetivo final el 30 de agosto.

"Tenemos que llegar el 30 de agosto a los cinco millones de firmas para decirle al Congreso, en el marco del artículo 40 de la Constitución Nacional, que queremos una consulta popular. Que no nos vengan con el cuento de que la gente no puede opinar sobre la ley penal", señaló, para insistir con una idea por la que desde el kirchnerismo y la oposición hicieron fila para desautorizarlo. "Porque resulta que ahora sortean por la lotería los jurados y no dejan que la gente opine sobre la ley que van a aplicar esos jurados", insistió, en alusión al sistema de jurados populares anunciado el jueves por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

Contra todos los pronósticos, el kirchnerismo durmió sólo unas semanas la discusión de su proyecto de reforma penal, pero luego volvió a darle impulso en ámbitos académicos, con Zaffaroni como abanderado.

"Quiero agradecer a los que nos agraviaron y nos insultaron, porque nos dieron la fuerza para ir a esa universidad que para nosotros es la más importante, que es la universidad de la calle, del barro, donde no encontramos una sola mesa por el sí a este Código Penal, porque tienen miedo de explicarle a la gente la barbaridad que están haciendo", arengó Massa.

La frase, que trajo a la memoria la discusión peronista entre alpargatas y libros, apuntó a esa estrategia del kirchnerismo. De todos modos, Massa planea en breve desembarcar en las universidades con su rechazo a la reforma, que parte de un eje: "Una sociedad donde haya premios y castigos y donde el Estado no vele sólo por los derechos de los delincuentes", en palabras del tigrense. (La Nación)