La preocupación oficial aumentó en las últimas horas porque las investigaciones de corrupción están causando un impacto más negativo en el humor social y en las encuestas de imagen, debido a que la economía entró en recesión en los últimos dos trimestres, con caída del consumo, suspensiones y despidos en algunos sectores.

"Cuando la economía está bien, el humor social es bueno aunque haya funcionarios acusados. Pero cuando la gente no puede consumir y no tiene plata en el bolsillo, les apunta a los funcionarios", admitió a LA NACION un ministro del Poder Ejecutivo.

"Se vienen despidos en varios sectores. El Gobierno intentará poner plata para subsidiar los sueldos y disuadir a las empresas. Pero no se sabe si será suficiente", comentó otro alto funcionario. En ese contexto social, presumen, los escándalos judiciales hacen más daño a Balcarce 50.

Las causas que más preocupan en la Casa Rosada son las que involucran a la Presidenta por el acuerdo con Chevron; al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone; al subsecretario técnico Carlos Liuzzi por frenar un allanamiento judicial; al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por abuso de autoridad, y al ex secretario de Transportes Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y la tragedia de Once.

También se sigue de cerca la de lavado de dinero que roza al empresario Lázaro Báez, aunque en ella no está imputado formalmente ningún funcionario kirchnerista.

La Casa Rosada presiente que habrá más activismo judicial a medida que pasen las semanas y se acerque el final del mandato de Cristina Kirchner. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, intentó interceder ante algunos jueces, pero los influenciables cada vez son menos.

Esa preocupación extrema llevó a la Presidenta a decir anteayer, con gesto adusto, que durante la época de las privatizaciones de los años 90 "ojalá hubiéramos tenido jueces y fiscales como los que tenemos ahora, que siempre están atentos para hacer las denuncias". Olvidó que el kirchnerismo en esa época apoyó al gobierno de Carlos Menem y votó en el Congreso privatizaciones como las de YPF y de las jubilaciones.

A su lado se lamentan. "Cuando un gobierno se termina, los jueces empiezan a pensar más en los (candidatos) que vienen y a quedar bien con ellos que en los que se van. Les pasó a Alfonsín, a Menem y a De la Rúa", reflexionó un ministro.

Por ahora, el Gobierno sólo opera para colocar a sus amigos luego de 2015 en varios espacios del Poder Judicial. El oficialismo en el Senado aprobó ayer una lista de 10 conjueces para la Corte Suprema, que actuarán en caso de vacante o de excusación de alguno de los ministros actuales. La sesión fue presidida por Boudou en su condición de vicepresidente. La Cámara alta también avanzará en la designación de una nómina de 360 conjueces para vacantes en varios juzgados de primera instancia y 32 cámaras de apelaciones.

Se conforma con triunfos módicos. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo por la mañana que el testigo amenazado de la causa Boudou, José Capdevila, debía pedir su inclusión en el programa de testigos protegidos, y por la tarde el juez federal Sebastián Casanello, que tiene lazos aceitados con el Gobierno, ordenó la inclusión del ex funcionario de Economía en ese programa.

De todos modos, Zannini analizaba ayer que los argumentos de Capdevila eran débiles. "El Estado no puede ofrecer el programa de protección de testigos, como dijo Capdevila; lo tiene que pedir el testigo o el juez de la causa por pedido del testigo y con su aprobación. Y Capdevila es abogado del Estado y muy formado", ironizaban cerca del secretario legal y técnico. "El testigo va a tener que probar la veracidad de sus dichos", dijo otra fuente kirchnerista a ultranza.

¿Le soltarán la mano a Boudou? Cristina Kirchner por ahora no le pedirá licencia ni renuncia. "Nada está claro", dijo un ministro. Cada día ven más cercana la posibilidad de que sea indagado y quede procesado en el mediano plazo. Ante este avance de los jueces, todos los funcionarios se cuidan ahora de firmar expedientes. El temor está más presente que nunca.

Por ahora, la orden es no hablar de Boudou. O hacerlo lo menos posible y sólo con autorización de la Presidenta.