La Cámara de Casación Penal resolverá hoy si sobresee al vicepresidente Amado Boudou en la causa en que está acusado de interesarse en el futuro de la imprenta Ciccone .

El fallo está en manos de los jueces de la Sala IV del tribunal, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky. Disensos de última hora hicieron a los camaristas tomarse tiempo hasta el último límite del plazo que prevé el código para dictar la sentencia. Hasta ayer, la decisión era rechazar el sobreseimiento de Boudou por dos votos a uno. Esta decisión -de confirmarse- deja viva la causa que investiga el juez federal Ariel Lijo, quien ya dispuso nuevas medidas de prueba.

Boudou intentó mediante un atajo legal , llamado excepción por falta de acción, que la Justicia determine que no hubo delito al argumentar que sus conductas no están atrapadas por ningún artículo del Código Penal. Ya Lijo y la Cámara Federal rechazaron esta idea, pero el abogado de Boudou, Diego Pirota, recurrió a Casación, que ahora debe resolver.

El fiscal ante Casación, Javier de Luca, ya dictaminó que la situación procesal de Boudou debe resolverse cuanto antes porque se trata de un caso de gravedad institucional. Entendió, además, que no se configurarían ni el delito de negociaciones incompatibles, porque Boudou no era el funcionario con autoridad directa para decidir sobre otorgarle un plan de pagos a Ciccone para evitar su quiebra, ni el delito de lavado de dinero, porque no está descripta ninguna conducta de este tipo en la acusación.

Pero paralelamente el fiscal de primera instancia, Jorge Di Lello, avanzó mucho más porque pidió la indagatoria del vicepresidente como sospechoso de haber realizado negociaciones incompatibles con su función, al supuestamente beneficiar a allegados suyos para dejar a la imprenta Ciccone en sus manos. Para Di Lello, hay sospechas de que las conductas existieron y de que constituyen ese delito.

DESACUERDO

El fiscal en nuestra legislación es el dueño de la acción penal, es el que la impulsa en representación de los intereses de la sociedad. Por eso la postura de la fiscalía fue motivo de debate entre los jueces y sería uno de los motivos del disenso. No se ponen de acuerdo sobre si el dictamen de De Luca basta para seguir adelante con la acusación o si entra a tallar el de Di Lello.

Los camaristas se reunieron durante más de una hora ayer, pero no lograron consensuar posiciones.

Los tres camaristas venían trabajando esta resolución desde hace semanas. Incluso uno de los jueces, Gemignani, fue recusado por Boudou para intervenir en el caso, pero sus colegas rechazaron esa posibilidad de apartarlo. Un fallo contra Boudou, como se prevé, deja libres las manos a Lijo para avanzar con la causa. El juez había previsto una batería de declaraciones testimoniales que debían terminar a mediados de este año, pero muchas de ellas fueron suspendidas porque para el fiscal Di Lello esas personas no pueden ser testigos, sino que son sospechosos y deben declarar en indagatoria.

Otras audiencias fueron reprogramadas y algunas citadas nuevamente, con lo que el cronograma de Lijo se estiró hasta fin de año. En tribunales se especula con que una vez concluidas estas medias de prueba el juez estará en condiciones de llamar a Boudou a prestar declaración indagatoria. De todos modos, el juez sigue reuniendo pruebas en una causa paralela en la que se investiga al vicepresidente, a sus familiares directos y a su novia, Agustina Kämpfer.

Además, Lijo decidió tomar el 21 de este mes declaración al abogado Fabián Carosso Donatiello, quien dijo que le subalquiló el departamento de Boudou de Puerto Madero a Alejandro Vandenbroele. Como el abogado Fabián Carosso Donatiello trabaja en Madrid, será vía teleconferencia.

VUELVEN A CITAR AL FUNCIONARIO AMENAZADO

El juez federal Ariel Lijo volvió a citar como testigo al director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, quien denunció amenazas. Su relato es clave porque en esta causa Boudou recomendó a la AFIP conceder una moratoria especial a Vandenbroele para que Ciccone pagara su deuda fiscal.
No obstante, Capdevila había dictaminado que la AFIP es autárquica y que no le correspondía al Ministerio "dar instrucción a la AFIP sobre el curso de acción que debe adoptar en relación con el pedido de acción efectuado por Ciccone". Ante las amenazas a Capdevila, el fiscal Di Lello presentó la denuncia, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.