Como si fuera un designio del destino, el caso del prostíbulo gay Spartacus persigue al juez federal Norberto Oyarbide . Hace 13 años, el 11 de septiembre de 2001, cerca de las 21, cuando el mundo veía azorado la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, el Senado en una sesión secreta lo absolvió en el juicio político que enfrentaba por proteger el prostíbulo gay adonde concurría y le permitió conservar su cargo de juez federal.

Pero esos fantasmas del pasado amenazan al juez, nuevamente bajo investigación. Es que el ex diputado menemista César Arias pidió al Consejo de la Magistratura que anule la absolución que favoreció esa noche a Oyarbide porque denunció que fue "ilegal y producto de un pacto político" entre sus compañeros menemistas del Senado y los radicales. Esa noche la votación terminó 21 a 21, y no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios en el Senado para destituir a Oyarbide, que regresó a Comodoro Py 2002 a impartir justicia.

César Arias presentó un escrito de 13 carillas ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Alejandro Sánchez Freytes, en el que recordó que, como presidente de la Comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados, el cuerpo había acusado a Oyarbide de mal desempeño, por un lado, y de conductas encuadrables en delitos comunes, por el otro.

Sin embargo, cuando los senadores se reunieron en sesión secreta entre las 19.14 y las 20.44, según el diario de sesiones que el ex diputado adjuntó, sólo votaron un cargo, el de "mal desempeño por actitudes y omisiones incompatibles con el decoro y la insospechabilidad de conductas exigibles a todo magistrado judicial". El diario de sesiones reseña que el senador Augusto Alasino (PJ) pidió la palabra para aclarar que se trataba de un solo cargo y que el senador Mario Losada (UCR) avaló: "Sí, señor, he dicho los cargos por una cuestión de forma, pero existe un solo cargo".

Arias recordó que los cargos que votó la comisión acusadora de diputados eran seis y aseguró que la absolución no es válida, pues no se dijeron los fundamentos ni por qué se hacía en secreto. "Sus irregularidades procesales afectan su validez jurídica", escribió.

Por eso pidió reabrir el caso y recordó que los cargos penales contra Oyarbide eran:

Violar el reglamento de la Justicia por concurrir a Spartacus.

Omitir denunciar la promoción de la prostitución.

Omitir denunciar el tráfico de influencias, pues se obtuvieron beneficios en su nombre.

Su vulnerabilidad, que lo tornó víctima de extorsión.

Enriquecimiento ilícito.

Haber amenazado a un dependiente de un restaurante.

La sesión pública se realizó esa noche entre las 20.44 y las 20.54 sin que hubiera deliberaciones, y se pasó a redactar la absolución al no obtenerse los dos tercios necesarios para una condena, y sin votar cargo por cargo.

PACTO PJ-UCR

Arias afirmó que si se pensara que bajo el cargo de mal desempeño se subsumieron las acusaciones penales, se estaría frente a un pacto político entre radicales y peronistas.

"Es dable suponer la existencia de un acuerdo entre bancadas para arribar a una determinada conclusión, sin ponderar la entidad de los hechos de que se trataba. Es decir que con la invocación del "mal desempeño" se podían llegar a encubrir los hechos calificables como ilícitos penales", escribió Arias.

Para el ex diputado, entre las acusaciones que se dejaron de lado hay conductas que Oyarbide siguió teniendo en esta década "en forma continua o intermitente". Y enumeró "sus vínculos con el proxeneta Raúl Martins, según dichos públicos de su hija, y su presunto enriquecimiento ilícito, materia de tratamiento en el ámbito del Consejo".

Por esas causas se había pedido su desafuero y que sea juzgado por delitos comunes.

Actualmente el Consejo de la Magistratura investiga a Oyarbide por la supuesta compra de un ostentoso anillo de brillantes y por la denuncia de la Cámara Federal luego de que el juez frenó un allanamiento tras la llamada de Carlos Liuzzi, subsecretario de Legal y Técnica.

El asunto contra el juez está en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo. Allí se decidió invitarlo a dar explicaciones si lo considera adecuado. El juez por lo pronto recusó a algunos consejeros y presentó un escrito en el que minimizó los efectos de la llamada de Liuzzi. Son necesarios dos tercios de los votos para citar al juez y promover su suspensión. Ni el kirchnerismo ni la oposición, por si solos, los tienen. En el Consejo el trámite va lento, pero puede acelerarse la causa penal donde el juez ya está imputado por las supuestas coimas pedidas por los policías.

Fuente: lanación.com