Parada delante de su banca, Graciela Camaño gritó fuera de micrófono, para cuestionar las respuestas del jefe de Gabinete a las críticas a la política de seguridad . "¡Pónganse a gobernar!" Con tono monocorde y a toda velocidad, Jorge Capitanichle respondió con una cita del Papa. "Hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia ", dijo, invocando el documento de Francisco.

Desde el principio, el debate por la inseguridad y el narcotráfico se convirtió en el eje más caliente del intercambio entre el jefe de los ministros y la oposición en la sesión informativa que encabezó ayer Capitanich en la Cámara de Diputados.

En una reafirmación del discurso del Gobierno, el funcionario subrayó que la seguridad ciudadana es competencia de las provincias y no de la Nación, sostuvo que la adjudicación de esa responsabilidad al gobierno nacional es parte de una estrategia de los "medios concentrados" y de la oposición, y afirmó que el problema "no se resuelve duplicando patrulleros o con más cámaras", sino mejorando la "infraestructura social básica".

Durante casi ocho horas de exposición, en las que no se levantó ni para ir al baño, Capitanich informó además que el Gobierno no pagará el cupón PBI correspondiente a 2013, dijo que el Gobierno está dispuesto a discutir una modificación del piso del impuesto a las ganancias siempre que las propuestas tengan en cuenta el impacto fiscal de la medida y anticipó que el Poder Ejecutivo prepara dos paquetes de proyectos de ley: uno para combatir el trabajo en negro y otro para regular las cadenas de valor.

Todos los bloques tuvieron su turno para rebatir las cifras presentadas por el jefe de Gabinete, pero la imposibilidad de hacer repreguntas redujo al mínimo la tensión y protegió al funcionario de eventuales contrapuntos incómodos, como los que había sufrido en el Senado hace tres semanas.

Con una catarata de números y cifras en cada intervención, Capitanich respondió sólo lo que quiso. La oposición había mostrado escasa expectativa desde el arranque: de viaje en el exterior, los presidenciables Hermes Binner y Julio Cobos no estuvieron en el recinto. Elisa Carrió permaneció en la sesión menos de una hora. Sergio Massa resistió apenas hora y media.

Eso sí, el líder del Frente Renovador se encargó de fijar postura ante la prensa antes de irse. "En esta discusión de temas como seguridad y violencia tenemos la necesidad de invertir más en políticas sociales y educativas que incluyan. Pero en paralelo también invertir más en logística de seguridad y en prevención. Hay que dar respuesta desde el Estado que implique más móviles, cámaras y presencia policial", dijo, en respuesta al jefe de Gabinete.

En el recinto, el primero en introducir la cuestión fue el presidente del bloque radical, Mario Negri. "El problema de liderar una política de seguridad que tiene que ver con la vida de la gente no tiene frontera. La debe liderar el Estado nacional", sostuvo, y afirmó que "no existe un plan de seguridad íntegro, sistémico y que comprenda todo". Para cuestionar la política del Gobierno en materia de prevención de adicciones, Negri señaló que mientras que la Sedronar tiene un presupuesto de 130 millones de pesos, Fútbol para Todos recibe 1200 millones.

Después fue el turno de Darío Giustozzi (Frente Renovador), que vinculó el clima de violencia con la falsificación de las estadísticas oficiales. Federico Pinedo (Pro) y Juan Carlos Zabalza (FAP) también hicieron su aporte. El jefe del bloque macrista preguntó si existe "un plan que trate de coordinar las acciones de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales con las de fiscales y jueces a fin de combatir el flagelo del narcotráfico". El socialista pidió "un fuerte diálogo y consenso político y social para avanzar en el tema".

Cuando el jefe de Gabinete recurrió a la cita del Papa para responder, se produjo el cruce con Camaño. El presidente de la cámara, Julián Domínguez, tuvo que ordenarle que hiciera silencio. Envalentonado por la coincidencia con Francisco, Capitanich se explayó. "Tenemos 108.000 agentes en fuerzas federales. Hubo una duplicación de agentes. Eso significa un esfuerzo sistemático. No les quepa la menor duda de que ha habido una inversión sistemática. Pero la inseguridad no se soluciona con más agentes o con más cámaras. Hay una política deliberada para solucionar los problemas de exclusión", sostuvo el jefe de Gabinete.

Ante un recinto que durante la mayor parte de su exposición estuvo semivacío, Capitanich rechazó la existencia de 2000 pistas clandestinas destinadas a vuelos del narcotráfico. "No hay ningún dato que lo corrobore", dijo. Destacó además que el Gobierno había llevado de 4 a 22 la cantidad de radares de control aéreo, recordó el anuncio de un plan de prevención de adicciones con fondos por casi 2000 millones de pesos y reveló que se está trabajando para abrir secretarías especiales en los juzgados para investigar el narcotráfico. Fue la admisión indirecta del crecimiento de esa problemática.

El jefe de Gabinete ratificó asimismo que el Gobierno está en contra de una ley de derribo. "Sería una ejecución sin juicio previo", argumentó.

En el cierre de la sesión, la presidenta del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, dejó expuesta la tensión que sobrevoló toda la tarde entre el oficialismo y el massismo. "Veo poca responsabilidad política e institucional, sobre todo de quienes dicen tener voluntad de gobierno", dijo al referirse a "un bloque" con un "estilo sonriente, amable, casi amistoso", pero "con un contenido de violencia y odio". Hacía muchas horas que Massa ya no estaba ahí para responderle.

MASSA Y EL CÓDIGO PENAL

Ante la versión de que el Gobierno evalúa enviar el anteproyecto de ley del Código Penal a las universidades para su debate, el diputado Sergio Massa dijo ayer que lo importante es que en la discusión intervenga la ciudadanía. "La gente tiene que poder votar para decir si está de acuerdo o no con el proyecto", dijo Massa.

El líder del Frente Renovador anticipó que en su fuerza trabajan en la realización de foros ciudadanos en todo el país, en paralelo a los eventuales debates que se den en las universidades, a los que invitarán a las Madres del Dolor y otras asociaciones de víctimas de la inseguridad.