La Policía Federal de Brasil confirmó ayer que inició unainvestigación sobre la venta , en 2010, de una refinería de Petrobras en la Argentina a Oil Combustibles, del empresario kirchnerista Cristóbal López, por un precio menor al que la petrolera estatal brasileña había valuado.

El interés principal de la Policía Federal brasileña es revelar si hubo o no evasión de divisas por parte de Petrobras, compañía que ya se encuentra en el ojo de la tormenta por otras dos turbias operaciones que podrían incluso salpicar a la presidenta Dilma Rousseff.

El caso que atañe a la Argentina es el de la refinería San Lorenzo, ubicada en la provincia de Santa Fe. Según explicó en 2010 la gigante brasileña, debido al control de precios de los combustibles impuesto por el gobierno de Cristina Kirchner, su margen de ganancia se redujo de manera significativa y decidió comenzar a deshacerse de activos allí.

López, quien el año pasado estuvo a punto de comprar el 51% de la filial argentina de Petrobras, estaba interesado en las oportunidades que pudiera representar el plan de desinversión de la petrolera brasileña en la Argentina. De acuerdo con documentos internos de Petrobras, en octubre de 2009 Oil Combustibles estaba dispuesta a pagar por la refinería hasta US$ 50 millones, sin tener en cuenta los stocks de petróleo almacenado en sus tanques.

En mayo de 2010, Petrobras anunció que vendería la destilería santafecina a Oil por US$ 36 millones, 28% menos que la oferta inicial. Tras largas negociaciones, se le sumaron también los stocks de petróleo y otros productos, así como 360 estaciones de servicio, y el total de la transacción fue de US$ 110 millones.

Los investigadores federales pretenden reconstruir ahora todo el camino del dinero y cómo se hicieron las tratativas entre Petrobras y Oil, que habían contratado como intermediario al abogado Sergio Tourinho Dantas, del estudio de abogados Brandão & Tourinho Dantas, de Salvador, Bahía. El letrado tenía como misión convencer a Petrobras de rebajar el precio de venta de la refinería, y si lograba que la compañía se deshiciese de estos activos por menos de US$ 45 millones, recibiría como pago por sus servicios US$ 10 millones. El estudio aclaró que el contrato fue rescindido antes de que se cerrara la operación.

Ni Petrobras ni el estudio de abogados quisieron hacer comentarios ante la consulta de lLA NACION.

La Policía Federal investigará si realmente fue así, si hubo otros intermediarios entre Petrobras y Oil y por qué la petrolera brasileña aceptó un precio más bajo al originalmente ofrecido por López.

Ésta es la tercera investigación que tiene en curso la Policía Federal sobre Petrobras. La primera es sobre la compra en 2006 del 50% de las acciones de la refinería Pasadena, en Texas, Estados Unidos, por las que pagó US$ 360 millones, aunque el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) estimaba su valor en sólo US$ 50 millones. La otra investigación gira alrededor de denuncias contra ejecutivos de Petrobras que habrían recibido sobornos para favorecer a la firma holandesa SBM Offshore, que alquila plataformas flotantes.

Las sospechas despertaron el interés de los partidos de oposición en el Congreso, que esta semana juntaron las firmas suficientes para crear una comisión parlamentaria investigadora. El mayor interés de los opositores es demostrar que la presidenta Rousseff, quien buscará la reelección en octubre, estaba al tanto de todas estas operaciones, ya que por entonces, como jefa de Gabinete del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, presidía el Consejo de Administración de Petrobras.

La movida en el Congreso fue frustrada anteanoche por el presidente del Senado, Renan Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Los casos que lleva la Policía Federal no tienen que sortear este tipo de obstáculos dilatorios.