Todos los focos estaban puestos en el destino de Norberto Oyarbide , pero el kirchnerismo contraatacó y avanzó contra otro juez federal: Claudio Bonadio fue citado a declarar ante el Consejo de la Magistratura bajo acusación de mal desempeño.

La citación se aprobó ayer con los votos de los cinco oficialistas que integran la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, y el de Mario Cimadevilla, el representante de la UCR en ese ámbito. Se reactivó así una vieja denuncia contra Bonadio por "excesivas e injustificadas demoras" en dos causas iniciadas en los 90 : el caso Tandanor y el de la Curtiembre Yoma.

Bonadio lleva 20 años como juez federal, pero en los últimos meses se convirtió en una pesadilla para la Casa Rosada. Procesó a Guillermo Moreno, ordenó la captura de Ricardo Jaime, indagó a Alfredo Scoccimarro (vocero presidencial) y a Juan Manuel Abal Medina (ex jefe de Gabinete) por spots emitidos durante Fútbol para Todos, y durante la última feria judicial allanó la Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbattella

Ayer, Bonadio estaba en su despacho de Comodoro Py cuando se enteró de la citación. Reaccionó con un mensaje claro al Gobierno: envió a juicio oral a Guillermo Moreno, a quien tenía procesado por haber multado a consultoras privadas que medían la inflación.

La denuncia por la que deberá responder Bonadio parecía destinada al olvido. La había presentado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y estaba a punto de cumplir tres años en el Consejo cuando el kirchnerismo decidió reactivarla. El martes pasado, el secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo, Julián Álvarez, informó que tenía un pedido de citación contra Bonadio para incorporar al final del orden del día de la reunión de ayer.

No era una reunión de comisión más. Era la que debía tratar la denuncia contra Oyarbide por haber frenado una serie de allanamientos después del llamado de un funcionario del Gobierno. La oposición ya había anunciado que iba a pedir la citación inmediata del juez, con el argumento de que no había nada que investigar porque Oyarbide ya lo había admitido todo.

Ayer, el caso Oyarbide fue, tal como se preveía, motivo de un debate muy fuerte (ver aparte). Mucho menos se discutió el caso Bonadio.

El kirchnerismo tiene mayoría en la Comisión de Disciplina y Acusación; por ende, no necesitaba más que sus propios votos para citarlo. No obstante, el radicalismo lo acompañó. Se opusieron el representante de los abogados en la comisión, Alejandro Fargosi, (vinculado a Pro) y el juez Mario Fera, que es quien, por sorteo, tenía a su cargo el caso de Bonadio desde hacía años.

"Como informante pido la postergación", anunció, tan pronto se leyó el nombre de Bonadio en el orden del día. Fera explicó que quedaba pendiente estudiar una prueba que acababa de llegar al Consejo. El oficialista Carlos Moreno le respondió con las acusaciones contra el juez: "Cinco años para citar a indagatoria... Diez para elevar a juicio". Insistió en que el caso se votara, y así se hizo.

La denuncia contra Bonadio incluye cuatro cargos. Los dos primeros por "excesivas e injustificadas demoras" en el trámite de dos denuncias de fraude al Estado: la causa "Boffil y otros" (vinculada con la licitación de Tandanor) y el caso por supuestas irregularidades en créditos a la Curtiembre Yoma (por el que Bonadio ya fue investigado en el Consejo). El tercero consiste en "haber generado con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado", y el cuarto, en "haber evidenciado un notorio desinterés en el cumplimiento adecuado" de sus funciones.

Ahora, la presidenta de la Comisión, la senadora oficialista Ada Iturrez, debe fijar la fecha para la citación. No será este mes. El Consejo debe darle al menos diez días hábiles al juez para preparar su defensa. "Lo que hace el kirchnerismo es una presión psicológica contra Bonadio. La técnica de siempre: presionar a los jueces no adeptos", dijo Fargosi a LA NACION. Como Fera, pretendía seguir investigándolo y no citarlo todavía. Cimadevilla, en cambio, afirmó: "Bonadio es un juez de la servilleta". Y dijo que le parecía bien que diera explicaciones. "No hay que caer en la lógica del peronismo: «Cuando se portan bien los encubro» -afirmó-. Decir que los jueces son buenos o malos según se alejan o se acercan al poder me tiene recontra podrido."

ACIJ, la asociación civil que denunció a Bonadio, celebró ayer esta citación y también el avance de la causa contra Oyarbide, y afirmó que espera que los casos contra ambos no avancen "al ritmo de las oportunidades políticas de los distintos sectores" del Consejo. "Bonadio demoró más de cinco años en llamar a los imputados a declaración indagatoria -afirmó ACIJ sobre el caso Yoma-. Sumado a esto, para el dictado de la sentencia de elevación a juicio se demoró 5 años más."

La citación de ayer es el segundo golpe contra Bonadio en menos de 24 horas. Anteayer, la Cámara Federal lo había apartado del caso contra Abal Medina y Scoccimarro, donde él los había indagado por el manejo de publicidad en el programa Fútbol para Todos. Por la mañana, antes de que el Consejo tratara su caso, el juez dijo que era "probable" que hubiera "gente enojada" por sus fallos y afirmó: "Yo hice lo que creía que tenía que hacer y seguiré haciéndolo".

Su defensa formal deberá hacerla en el Consejo. Bonadio podrá asistir en persona o presentar un escrito. El reglamento prevé incluso la posibilidad de que no asista y dice que "la no comparecencia del magistrado no obstaculizará la prosecución de las actuaciones" en su contra.

La decisión final contra Bonadio la tomará el plenario. Para abrir un juicio político se necesitan los votos de dos tercios de los consejeros, una mayoría que el oficialismo está lejos de tener garantizada.

RECLAMO DE LA OPOSICIÓN

Legisladores de la oposición denunciaron en un documento el manejo que hace el Gobierno de la Justicia, exhortaron a que exista un pronunciamiento "con celeridad sobre la suspensión del fiscal (José María) Campagnoli" y reclamaron que se juzgue al juez Norberto Oyarbide. Firmaron el documento los diputados Manuel Garrido (UCR), Adrián Pérez (FR), Laura Alonso (Pro) y la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública).