El aumento de los impuestos internos a los bienes que el Gobierno considera "suntuarios" sigue causando estragos en los sectores afectados. Luego de la fuerte baja en los patentamientos de autos, que genera impacto en los niveles de producción, los concesionarios de motos declararon la "emergencia económica del sector" y pidieron una reunión urgente entre la ministra de Industria, Débora Giorgi, y todos los actores de la cadena de producción y venta de motos.

Según una carta que la Asociación Argentina de Motovehículos (Mottos) envió anteayer a Giorgi, la declaración de emergencia responde a "diversas afectaciones que están impactando negativamente en el desarrollo" del mercado.

El primer factor que menciona la carta, firmada por el presidente de Mottos, Diego Dinitz, son las nuevas escalas y gravámenes de impuestos internos. Actualmente, las motos con un precio de fábrica de entre 28.000 y $ 50.000 están sujetas a una alícuota de impuestos internos de 30%, mientras que para las motos de más de $ 50.000 la alícuota es de 50 por ciento.

Según los concesionarios de motos, la aplicación de esas escalas y gravámenes (que son más leves que los fijados en primera instancia, ya que la versión inicial de la ley aprobada por el Congreso establecía una alícuota de 50% para todas las motos de más de $ 22.000) ha generado un "perjuicio muy grande" al sector, "ya que la escala determinada es muy baja, no contiene ningún tipo de actualización, afecta a modelos que la renovación del parque iba a demandar y por sobre todas las cosas formaban parte del 25% de la facturación".

El segundo punto mencionado es el aumento de los precios de las terminales a los concesionarios "producido luego de la devaluación del tipo de cambio oficial" que generó "un impacto en las listas de febrero del orden de 30%-40% cuando ya durante 2013 se habían actualizado en el orden de 25%-30%". Ayer, durante una conferencia de prensa en la sede de Mottos, Dinitz afirmó que desde octubre de 2013 los precios subieron 50 por ciento.

Estos factores, a los que se suman el encarecimiento y la menor oferta de crédito, se han visto reflejados en la caída de los patentamientos. En febrero se vendieron 41.144 motos, 27% menos que en el mismo mes de 2013. La caída es más fuerte aún si se toman en cuenta los patentamientos promedio diarios, que pasaron de 3296 a 2057, lo que implica una baja de 38 por ciento.

A fines del mes pasado, la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam) envió un comunicado en el que alertaba "sobre la fuerte caída registrada en enero y febrero en los patentamientos y en las ventas de las terminales a las concesionarias" y solicitaba al Gobierno "la cancelación del impuesto interno a efectos de no paralizar la fabricación nacional de motocicletas alcanzadas por el nuevo gravamen".

En coincidencia con lo señalado por los concesionarios, el comunicado de las terminales añadía: "El fuerte ajuste del tipo de cambio sufrido en enero de este año, el incremento de los costos de los créditos al consumo, la retracción de la oferta de crédito y la aplicación de las nuevas alícuotas de impuestos internos pondrían en riesgo la subsistencia de proveedores, empresas terminales y concesionarios".

Ayer, el presidente de Mottos advirtió que el proceso que atraviesa el sector "puede abortar la industrialización nacional de motos", lo que llevaría a depender totalmente de bienes importados. Actualmente 8 de cada 10 motos que se venden en el país son ensambladas localmente. En los modelos de menor cilindrada el porcentaje de integración bordea el 30 por ciento. Además, las autoridades de Mottos advirtieron que la baja en las ventas pone en riesgo los 8500 puestos de trabajo directo que generan los concesionarios.

En los últimos días funcionarios del Gobierno han admitido que se está evaluando la posibilidad de corregir la suba en los impuestos internos. Para los fabricantes de motos, ese tributo "implementado para evitar la fuga de divisas, se ha vuelto innecesario dada la abrupta caída de las ventas y en consecuencia la importación de los insumos necesarios".

Los concesionarios, más allá de la revisión del impuesto, proponen otras medidas, como generar líneas de crédito "más acordes" con ese mercado y una suerte de "acuerdo de precios" para el sector. (La Nación)