Estaba molesta. Cuestionaba, sin discriminar, los números que le acercaban a su escritorio. Varias veces sugirió a sus subordinados que borraran esos precios que la alteraban. Eso pasó, por ejemplo, con un libro de texto. "Hay que sacarlo, está mal", reprendió a una empleada que se negó a esa tarea.

Pero la burocracia -incluso la despojada de legalidad- se acelera cuando aparece un interés genuino, personal. "¡Cómo puede ser que estén aumentando los alfajores si se hicieron acuerdos con Terrabusi y otra empresa para que no suban!", gritó indignada revisando las planillas de los encuestadores del Indec con datos de la calle. "Justo ese -por los Jorgito- son los que a mí me gustan", explicó resignada Beatriz Paglieri, mano derecha de Guillermo Moreno en el organismo y, por ese entonces, directora del área de Precios donde se calcula la inflación. Dos días después, el valor de ese alfajor disminuyó casi mágicamente.

A pesar de que las presiones oficiales comenzaron un año antes, el 29 de enero de 2007 empezó la intervención de facto del Gobierno en el Indec para, en su inicio, falsear los datos procesados, establecer topes a los aumentos de precios mediante el sistema informático y violar el secreto estadístico. Todo con el fin de frenar artificialmente las expectativas inflacionarias. El resultado fue el opuesto.

Gracias a números alternativos, hoy puede reconstruirse esa otra bifurcación que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se negaron a tomar. Si Moreno no hubiera desembarcado en el Indec, la suba de la inflación oficial acumulada entre 2007 y 2013 habría casi cuadruplicado a la que actualmente informa el cuestionado organismo estadístico, según datos elaborados por la ex directora del área de Precios, Graciela Bevacqua, la primera técnica expulsada del instituto.

De acuerdo con datos oficiales, el aumento acumulado entre 2007 y 2013 fue de 87,1%, mientras que el nivel general de la inflación para el mismo período, según cálculos de la profesora de matemática rosarina, llegó al 331,7%. Entre ambas variaciones existe una diferencia de un 287 por ciento.

Pero el gran contraste surge cuando se cuantifica la diferencia en el rubro Alimentos y Bebidas. Si el Gobierno no hubiera falseado los datos del IPC-GBA desde 2007 hasta 2013, el aumento del valor de los alimentos se habría multiplicado por seis veces y media en los informes oficiales que distribuye el Indec. La diferencia entre ese apartado medido por el organismo estadístico que aún responde a Moreno y lo que midió Bevacqua es de 549,1% (80% versus 519,3%).

La ex directora de Precios del Indec calculó además los aumentos en los últimos siete años para Indumentaria (219,3%), Vivienda y Servicios Básicos (188,5%), Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (303,1%), Atención Médica y Gastos para la Salud (335,6%), Transporte y Comunicaciones (220,6%), Esparcimiento (396,6%), Educación (404,8%) y Otros Bienes y Servicios Básicos (300,5%).

La reconstrucción que hizo la ex técnica del Indec por pedido de LA NACION se fundamentó en datos de los indicadores provinciales (entre 2007 y 2008) y luego en el IPC que ella misma calcula entre el período 2009 y 2013.

MENOS TRANSPARENCIA

Desde mayo de 2008, el Indec se niega a publicar los precios promedio de los alimentos que releva. Los trabajadores de ATE-Indec -proyectando los valores de ese año con un IPC propio- calcularon cuáles serían en noviembre de 2013 los valores de esos productos. El kilo de pan francés costaría en la actualidad para el Indec $ 4,44, cuando a comienzos de este año el programa oficial Precios Cuidados afirmaba que ese producto estaba a $ 18,70. Una diferencia de 321% entre la ficción oficial y el voluble acuerdo de precios.

Lo mismo ocurre con otros precios: el kilo de harina común ($1,89 versus $ 6,81), el de asado ($ 13,42 y $ 42) o el litro de leche fresca en sachet ($ 2,84 y $ 6,90), entre otros muchos productos medidos.

Con el objetivo de recuperar credibilidad ante los acreedores internacionales, el 13 de este, a las 14, el Indec dará a conocer el nuevo IPC Nacional (IPCnu) acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de las expectativas de cambio que produjo la llegada de Axel Kicillof al Ministerio de Economía, la cúpula del organismo no tuvo modificaciones. Los cuestionados Ana María Edwin y Norberto Itzcovich son aún los mismos militantes de Moreno.

El índice que hará su presentación pública dista de ser novedoso. En 2001 y 2002, los técnicos del Indec elaboraron la base del IPC Nacional que comenzó a medir la inflación en varias provincias en 2003 y que, luego de varias polémicas, fue clausurado por Néstor y Cristina Kirchner en 2008, cuando ya hacía varios meses que los analistas privados lo utilizaban como contraste de la manipulación del IPC-GBA.

Antes de la brusca devaluación que impulsó el Gobierno (18,70% en 2014 y 37,90% en un año), los economistas privados advertían que la inflación de enero, la primera que medirá el flamante IPC de Kicillof, estaría por encima del 4% mensual. Sin embargo, según publicó LA NACION, varios expertos creen que, en cambio, el índice oficial se mantendría por debajo de esa brusca variación, ya que la suma de varias provincias al IPC-GBA licuaría aumentos, por ejemplo el que se acaba de aplicar en el transporte de la zona metropolitana.

Luego de siete años de intervención oficial en el organismo estadístico, el Gobierno se debate aún sobre la decisión de mantener o no ese borgiano planeta de ficción que alguna vez buscó, sin la buena suerte del escritor, transformar la realidad de los argentinos. Detrás de ese debate, la inflación de las góndolas ya le ganó la batalla al relato.