En el quinto día consecutivo de paro del servicio de ómnibus de larga distancia, que afecta a más de 100.000 pasajeros en todo el país, el Gobierno se reunirá "por última vez" esta mañana con las cámaras empresariales para buscar una salida al conflicto.

El empresario de transporte Néstor Carral (Vía Bariloche) aseguró hoy que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, los convocó a una nueva reunión luego de que las compañías rechazaran el aumento del 23 % decretado por la la administración federal.

"La cámaras no están en condiciones de aumentar un 23 % los salarios", afirmó Carral, en diálogo con Radio La Red.

Los ministros del Interior y Transporte, Florencio Randazzo , y de Trabajo, Tomada, denunciaron ayer "cierta complicidad" entre los sindicalistas y los empresarios, que rechazaron el aumento del 23% decretado por la administración federal. En tanto, gremialistas de la UTA mantienen su reclamo salarial.

"Yo no soy socio de nada. Queremos cuidar nuestra fuente de trabajo. Si las empresas dicen que no pueden pagar, creemos que no pueden pagar. Creemos que tiene que haber un control del Estado", indicó el titular de la UTA, Roberto Fernández.

Además, el sindicalista dijo que hasta que no se garantice el aumento del 23 % los choferes no volverán a las empresas.

Tras sancionar a 130 empresas por no prestar el servicio, el Gobierno amenazó con quitar las licencias.

"Estamos en una situación de lockout patronal y de extorsión. Si hubieran querido hacer un paro para demostrar lo que quieren demostrar hubieran recortado las frecuencias. Pero nunca un paro total", aseguró Ariel Franetovich, interventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

En diálogo con Radio la Red, el interventor no descartó que el Gobierno le quite las licencias a las empresas por no garantizar el servicio.

"Se puede hacer una medida de fuerza no causando tanto problema. Lo que proponemos hacer es aplicar sanciones", agregó Franetovich, en declaraciones a Radio 10.

La iniciativa gubernamental de conceder el aumento del 23% que reclamaban los trabajadores avivó la disputa entre los choferes y la Casa Rosada, ya que los dirigentes de la UTA subrayaron que los empresarios reunidos en la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) no pueden pagar solos ese incremento salarial.

Tanto las empresas como el sindicato denunciaron que no habían sido notificados del aumento decidido por el Gobierno, lo que generó nuevos recelos entre unos y otros.