El gobernador Alberto Weretilneck anunció que cesará a 170 dirigentes para achicar el gasto público. Quienes conserven sus cargos recibirán una reducción de 15% en sus salarios. Además, echará a buena parte de los directores de empresas estatales y empezará a pagar el alquiler de su vivienda
El gobierno de Río Negro anunció que aplicará una serie de medidas para ajustar el gasto provincial ante el difícil panorama económico que enfrenta su administración.
"En primer lugar he tomado la decisión de reducir en un 50% los funcionarios del Poder Ejecutivo. De 340 funcionarios que tiene hoy la provincia solamente quedarán en funciones 170. He firmado esta mañana el decreto que hace cesar a los 340 funcionarios el próximo viernes 31 de enero y en el transcurso de los próximos 90 días iremos rediseñando los funcionarios que van a seguir cumpliendo tareas", anticipó el gobernador Alberto Weretilneck.
En el mensaje que grabó desde su despacho, el mandatario informó además que "aquellos funcionarios que sigan en sus tareas tendrán una reducción de 15% en sus salarios". De esta manera, sus sueldos "serán inferiores a los que hace dos años estableció el ex gobernador Soria", a quien Weretilneck reemplazó luego de que muriera asesinado por un esposa Susana Freydoz.
Pero las medidas no terminaron allí. El dirigente del Frente Grande informó además que solicitó la renuncia de todos los directores de las empresas públicas provinciales. "A partir del 1º de febrero tendrán un solo director asalariado: el presidente. Todos los demás directores serán ad-honorem", puntualizó.
Además, Weretilneck informó: "He decidido que la provincia de Río Negro no pague más el alquiler de la vivienda del gobernador. Mi alquiler será solventado por los salarios de la familia".
Por último, el gobernador informó que enviará dos proyectos de ley a la Legislatura de Río Negro para equiparar los salarios del Fiscal de Estado y el contador de la provincia con los que reciben los ministros de su Gabinete. La otra iniciativa, en tanto, propone que el defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal de Cuentas provincial y el fiscal de investigaciones administrativas cobren un sueldo igual al que reciben los legisladores.
"Estamos trabajando para que la provincia pueda cumplir con sus trabajadores y con los servicios. Esta decisión es la muestra de que el gobernador va a resolver los problemas de los rionegrinos empezando por su propio ámbito", concluyó.