A un año de la entrada en vigencia del Acuerdo de intercambio de información tributario y método para evitar la doble imposición, entre Uruguay y Argentina, las inversiones inmobiliarias de argentinos en este balneario cayeron drásticamente, según consignan los operadores privados, y el caso ya se introdujo en la campaña electoral: un candidato presidencial de la oposición propone dejarlo sin efecto.

Dice el inciso tercero del artículo 13º del tratado: "Cualquiera de las partes podrá terminar el presente acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte, a través de los correspondientes canales diplomáticos" y establece que, en ese caso, "el acuerdo cesará de tener efecto" en los 180 días posteriores a la notificación.

El senador Pedro Bordaberry, precandidato presidencial del Partido Colorado, sostiene que Uruguay se ha perjudicado, por la fuga de inversiones argentinas a otros destinos, mientras que el gobierno de Cristina Kirchner no cumple con tratados como el de Mercosur en cuanto al libre tránsito de mercaderías. "Este tema se debería llevar a la OMC y explicarlo de una forma más activa y agresiva", dijo Bordaberry a LA NACION.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Gabriel Conde, dijo que el impacto del tratado produjo una "caída de 70%", según los registros de los operadores. "El acuerdo tributario con la Argentina frenó la inversión más que lo que pudo significar el cepo cambiario; hay un antes y un después del acuerdo", aseguró Conde.

Bordaberry, que fue ministro de Turismo y también de Industria y Energía entre 2000 y 2005, se ha reunido con operadores inmobiliarios y se comprometió a dejar sin efecto el tratado en caso de que gane las elecciones de este año.

"Nuestro mayor esfuerzo debe darse a nivel del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde Uruguay es el país de la región mejor posicionado en cuanto a normas para evitar el lavado de dinero; con una legislación de avanzada para evitar" esa operativa, declaró Bordaberry.

La aplicación del tratado ha generado controversia entre los dos países, porque Uruguay ha rechazado pedidos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque se solicita información histórica y se entiende que no se puede aplicar retroactividad a fechas previas al tratado.

"Si Argentina lleva el tema a tribunales tiene serias posibilidades de obtener un fallo favorable, por los errores en la redacción del acuerdo, lo que se suma a los motivos de dejar sin efecto el tratado", agrega el candidato batllista.

El gobierno de Tabaré Vázquez se había resistido a firmar un tratado de esta naturaleza con la Argentina, pero las presiones del gobierno de Cristina Kirchner en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la estrategia del gobierno de José Mujica de buscar entendimiento con la Argentina derivaron en la firma del acuerdo. Uruguay trató de poner garantías para su aplicación, pero las solicitudes de la AFIP demostraron que se buscaba una utilización política para dar mensajes a los argentinos que sacan dinero de su país, reconocieron a LA NACION fuentes oficiales.

En el gobierno uruguayo hay malestar con la Argentina por estas actitudes y otros obstáculos en asuntos bilaterales, pero no se ha hablado sobre dejar sin efecto el acuerdo. Bordaberry dijo que inversores con los que se ha reunido se sorprendieron con la explicación que les dio sobre lo sencillo que es dejarlo sin efecto.

"No brindar información a Argentina no es otra cosa que defender la soberanía tributaria en el Uruguay, puesto que los bienes que están en el país deben pagar impuestos en el Uruguay y no en otro país", dijo Bordaberry. Y agregó: "Como país importador de inversión y capital desde siempre hemos defendido el principio tributario de gravar la fuente y no a la persona, el principio de territorialidad, y seguiremos haciendolo".

Bordaberry dijo que cuando se suscribió "no era momento oportuno para aprobar el tratado con Argentina" y que ahora hay que suspenderlo: "En caso de acceder al gobierno, cosa que haremos el 1º de marzo de 2015, haremos uso de la opción prevista en la última cláusula del tratado firmado, que permite a cualquiera de los dos países, sin expresión de causa, dejar sin efecto el mismo con un preaviso de seis meses".

Fuente: lanación.com