"No tengo ningún comentario que realizar". Esa fue la respuesta breve que dio esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al ser consultado sobre qué hará el gobierno nacional con José Sbatella, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyo mandato vence el 11 de febrero.

La polémica se instaló tras el allanamiento que tuvo lugar el martes pasado en la UIF impulsado por el juez federal Claudio Bonadio con el fin de obtener documentación sobre operaciones sospechosas de Lázaro Báez.

Ocurre que la dependencia que dirige Sbatella se encuentra bajo la mira judicial por haber encubierto al empresario kirchnerista al retener material desde 2008 y hasta diciembre y no enviarlo a la Justicia. Precisamente, esos documentos informaban sobre sospechosas y millonarias transferencias de sociedades vinculadas a Báez por un total de 180 millones de pesos.

Las operatorias las habría realizado Báez con la financiera Invernes, de Ernesto Clarens.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Bonadio investiga si Sbatella cometió los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento al no entregar los reportes vinculados a las empresas de Báez.

La UIF aseguró que la acción realizada por Bonadio no fue un allanamiento, sino que se trató de un requerimiento de información. "Se recibió una orden de presentación firmada por el magistrado, en la que requirió información relacionada con los reportes de operaciones sospechosas", dijo el organismo en un comunicado.

Y agregaron: "Ese mismo día se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez y se entregó copia de la documentación en soporte digital".

LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS

Entre enero y noviembre de 2008, el banco Finansur emitió los reportes de operaciones sospechosas (ROS) 4176 y 31.646, junto con la información complementaria 31.793, con precisiones sobre movimientos por $ 54,5 millones, y flujos adicionales hasta julio de 2011 por otros $ 125 millones.

Pero la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sólo lo informó a la Justicia a fines de diciembre, según reveló el diario Clarín.

Tras las denuncias periodísticas sobre el accionar de la UIF, los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso acusaron a Sbatella de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.