Los abogados de la propietaria del cerro Uritorco denunciaron ayer penalmente al intendente de Capilla del Monte, Gustavo Sez, a quien acusan de extorsión. La presentación ante el fiscal Martín Bertone se debe a que el viernes pasado el jefe comunal capillense labró una clausura en el camping que la dueña del predio explota en la base de la montaña cordobesa más conocida en el mundo.

Si bien en la práctica el campamento, que recibe unas 100 carpas de turistas, sigue funcionando, a modo de cautelar los abogados de Sonia Anchorena se presentaron también en Villa Carlos Paz, donde les fue admitida una acción de amparo para garantizar la explotación.

Rubén Sánchez Quinteros viene sosteniendo una prolongada defensa judicial de la propiedad durante años (ver Disputa de años) contra las acciones de las sucesivas administraciones capillenses, siempre con resultado positivo para su clienta. Tras imponerse en dos causas judiciales, el entredicho con el actual intendente se prolonga en una serie de acciones a lo que se le suceden denuncias de Sánchez Quinteros.

Ayer el abogado y su socio Ramiro Céspedes se presentaron ante el fiscal Bertone y denunciaron extorsión de parte de Sez, debido a que éste pretendió clausurarles el camping en el inicio del pasado fin de semana, con la exigencia de que se levantaran las cerca de 100 carpas que allí se encontraban. En la actualidad, por recomendación de Sánchez Quinteros, la explotación continúa.

Antes de la denuncia ante Bertone –fiscal de Cruz del Eje y subrogante de María Alejandra Hillmann durante la feria–el año pasado se hizo otra por similares motivos en contra de Sez. Sánchez Quinteros señaló ayer: “Si no hay orden judicial de allanamiento expedida por un juez competente, de manera alguna vamos a desalojar a los turistas que legítimamente están acampando”.

Tras la presentación en Cosquín, Céspedes se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de Villa Carlos Paz, donde el juez Andrés Olcese admitió la acción de amparo para hacer cesar los efectos de la clausura y en resguardo de los derechos de trabajo, de lícita explotación y de propiedad. Sánchez Quinteros agregó: “Esta actitud, a más de ilegítima, es una reiteración de actos persecutorios de este intendente, quien con distintas ilicitudes pretende en los hechos, pero muy lejos del derecho, desapoderar a la señora Anchorena de lo que durante casi 20 años de pleitos demostró que es única, legítima y exclusiva propietaria”. Señaló que la insistencia de la Intendencia “perjudica a los vecinos porque genera gravámenes en costas a favor de nuestro estudio por indebidas acciones judiciales, con el dispendio de los fondos de todos los capillenses”.

Sobre la clausura, Sánchez Quinteros aseguró que no fue invocado motivo alguno.

Sin comunicación

Ayer fue infructuoso el intento reiterado de comunicarnos con el intendente Gustavo Sez para que brinde su opinión y nos ofrezca su versión sobre las acusaciones y el contenido de la denuncia que fue presentada en la fiscalía.

Disputa de años

Dos décadas. Desde hace casi 20 años la dueña del campo donde está el Uritorco viene imponiéndose en la Justicia. Hasta ahora sostuvo su postura en dos grandes litigios: a través de un juicio de deslinde y mesura, el abogado de Sonia Anchorena logró el desalojo de José Carrión. Luego, mediante una acción de amparo, quedó sin efecto la ordenanza municipal que pretendía expropiar el cerro.