El juez federal Claudio Bonadio realizó el martes pasado dos allanamientos en la Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, y en el banco Finansur, para obtener documentación sobre operaciones sospechosas de Lázaro Báez.

La UIF, conducida por el funcionario kirchnerista José Sbatella, está bajo la mira judicial ya que había encubierto al empresario kirchnerista, al retener durante cinco años Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

La UIF retuvo desde 2008 hasta diciembre pasado documentos que debería haber enviado a la Justicia y que informaban sobre sospechosas y multimillonarias transferencias de dinero de empresas vinculadas a Lázaro Báez, socio de la familia Kirchner, por un total de 180 millones de pesos.

Las operatorias las habría realizado Báez con la financiera Invernes, de Ernesto Clarens.

El martes pasado, durante los allanamientos, Bonadio retuvo documentos vinculados a esas operaciones. El juez federal investiga si Sbatella, el titular de la UI,F cometió los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

LAS OPERACIONES

Entre enero y noviembre de 2008, el banco Finansur emitió los reportes de operaciones sospechosas (ROS) 4176 y 31.646, junto con la información complementaria 31.793, con precisiones sobre movimientos por $ 54,5 millones, y flujos adicionales hasta julio de 2011 por otros $ 125 millones.

Pero la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sólo lo informó a la Justicia a fines de diciembre, según reveló el diario Clarín.

Tras las denuncias periodísticas sobre el accionar de la UIF, los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso acusaron a Sbatella de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

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