La Justicia dio trámite al recurso de amparo del fiscal José María Campagnoli para que sea repuesto en su cargo e intimó a que en siete días hábiles la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Tribunal de Enjuiciamiento, que suspendió al funcionario, expliquen las razones por las cuales impulsaron esa determinación.

Además se dispuso que se habilite la feria judicial de verano para que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal revea durante las vacaciones el fallo por el cual se rechazó la medida cautelar que había ensayado el fiscal para recuperar su cargo.

Las decisiones, que hacen avanzar el proceso aun durante el receso estival, fueron tomadas por la jueza de feria en lo contencioso administrativo federal Liliana Heiland, quien entendió que existen razones de urgencia para tomar las dos medidas. La decisión fue festejada por allegados a Campagnoli, que descansa en estos días en Miramar.

La jueza Heiland argumentó que "las razones de urgencia y temores" expuestos por Campagnoli para habilitar la feria, "en especial aquellas referidas a la suspensión en el cargo y la reducción de sus haberes", permiten tener por configuradas razones excepcionales que "no admiten demora". Esto es así porque, con la suspensión, Campagnoli cobra sólo el 70% de su salario.

Además destacó la jueza Heiland que tomó al decisión de motorizar el asunto, sin demora, "ante la eventual ineficacia que podría ocasionar la espera de la actuación del juez natural".

Campagnoli fue suspendido el 12 de diciembre pasado por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público por cuatro votos contra tres. Lo acusaron de abusar de su autoridad al investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

En un trámite exprés Gils Carbó, alineada con el kirchnerismo, envió el sumario que tramitó sobre Campagnoli a un consejo de notables que se pronunció contra el fiscal. La procuradora entonces recomendó su suspensión y una semana más tarde el Tribunal de Enjuiciamiento decidió apartarlo del cargo provisoriamente.

Campagnoli denunció que la medida se decidió por investigar a Báez, y porque estaba investigando a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, quien aparece en una escucha telefónica en la que le ofrecen lavar 300 millones de dólares de la empresa Austral Construcciones, de Báez.

Además recusó a Gils Carbó por su falta de independencia y a los miembros del tribunal que votaron en su contra: a Ernesto Kreplak, representante del Poder Ejecutivo, por ser miembro de La Cámpora; al fiscal Daniel Adler, por ser integrante activo de Justicia Legítima, agrupación que se pronunció en su contra, y a Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado de la Nación, por tener militancia en el Frente para la Victoria y haber sido funcionario y "compañero de militancia y prisión política" del ex canciller Jorge Taiana. El cuarto voto por la suspensión fue de María Cristina Martínez Córdoba, defensora pública de menores.

Ante esta decisión, que es inapelable, el fiscal hizo una doble jugada: presentó un recurso de amparo para reclamar la nulidad de todo el proceso en su contra y pidió mediante una media cautelar que sea levantada la suspensión.

Con el patrocinio del abogado Ricardo Gil Lavedra, ex diputado radical y ex integrante del tribunal que condenó a las Juntas Militares, Campagnoli denunció que el proceso en su contra es "una persecución destinada a impedir que se profundicen investigaciones de hechos de corrupción que llevaba adelante".

El juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials consideró que no estaban dadas las condiciones para el dictado de una medida cautelar que lo reponga en el cargo y supeditó el regreso de Campagnoli al resultado final de la causa. Es decir, a la resolución del fondo del amparo.

Y esto es lo que hizo ayer la jueza Heiland: por un lado, pedir a la Cámara de Apelaciones que en la feria estudie la negativa a otorgar la cautelar; y por otro, dar trámite al amparo durante la feria, es decir, empezar a resolver el fondo del asunto, si fue arbitraria o no la suspensión del fiscal.

La decisión fue festejada como un triunfo entre los allegados a Campagnoli, pues la Justicia podría haber rechazado directamente el amparo. Ahora el Tribunal de Enjuiciamiento y Gils Carbó tienen siete días hábiles para que informen sobre "las circunstancias de hecho y de derecho" que motivaron la suspensión del fiscal.

Y además, en ese informe, deben aportar "la totalidad de la prueba que intentan hacer valer" durante la tramitación del recurso de amparo.

Si los plazos se cumplen, es posible que para la penúltima semana de enero la jueza ya tenga toda la información en las manos como para decidir si hace lugar o no al recurso de amparo del fiscal para anular todo el proceso en su contra.

En tanto, la medida cautelar para reponerlo en su cargo será analizada por los jueces de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández, Carlos Grecco y Jorge Argento, quienes primero deberán decidir si el reclamo de Campagnoli es un tema de feria -tal como opinó la jueza Heiland- y, en caso afirmativo, si hacen lugar a la medida cautelar para reponerlo en el cargo. Es una incógnita cómo pueden fallar estos magistrados.

Fuente: lanación.com