La Corte Suprema de la Nación rechazó un planteo del abogado de dos de los tres acusados por la muerte del joven Jorge Luis Quiñones, quien falleció electrocutado cuando ascendía por una escalera de la discoteca Wall Street, en la madrugada del 24 de noviembre de 2002.

El boliche estaba por esas horas cubierto con espuma que superaba el metro de altura y Quiñones intentó subir por la escalera en dirección al baño cuando recibió una fuerte descarga eléctrica y cayó al piso. Murió como consecuencia del siniestro.

Esa misma noche sufrieron lesiones otros dos jóvenes, Ricardo Federico Mirolo y Evelin Gisell Pérez, aunque ambos salvaron sus vidas. Además, en la causa se habrían incorporado alrededor de 20 testimonios de chicos que declararon haber sido víctimas de pequeñas descargas eléctricas a lo largo de la noche trágica, según publicó este diario hace 10 años.

Por el caso están imputados por “homicidio culposo y lesiones culposas”, una figura que tiene una pena máxima de cinco años de cárcel, el dueño de la discoteca, Mauro Demián Quiroga, el encargado del local nocturno, César Agustín Scheiffer y el iluminador, Marcos Ariel Castro.

Homicidio culposo

Según explicó a la agencia DyN el abogado Hernán Gavier Tagle (defiende a Scheiffer y a Castro; Quiroga es asistido por la abogada Marcela del Valle Zana) en el caso de las “lesiones” ya fue declarada la “extinción de la acción penal” por el paso del tiempo, por lo que sólo queda en pie la figura del “homicidio culposo”.

El abogado pidió la probation en dos oportunidades para sus defendidos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no sólo las rechazó, sino que determinó que ese pedido interrumpía los plazos de la prescripción, por lo cual mantuvo vigente la causa.

Ahora, la Corte Suprema –con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay– rechazó por cuestiones formales la apelación contra el fallo que denegó la prescripción de la causa.

De esa manera, el caso, que lleva más de 11 años de derrotero en los tribunales cordobeses, quedó virtualmente en condiciones de pasar a la etapa oral y pública ante un tribunal correccional de Córdoba.

Sorpresa

En mayo de 2005, la fiscal de Instrucción María Dolores Romero Díaz pidió por primera vez la elevación a juicio de la causa. Pero a través de estrategias procesales, la defensa logró que la causa se demore al punto de transcurrir más de ocho años desde aquella solicitud.

Consultada por este diario, Romero Díaz se mostró sorprendida de que la causa hubiera llegado a la Corte y de que pasaran tantos años para que el pedido de elevación a juicio se confirme. “Estoy sorprendida, después de tantos años. Fue una causa muy importante”, comentó la fiscal.

“Un accidente”

El día del suceso, este diario se comunicó con Scheiffer, quien calificó la muerte de Quiñones como producto de un accidente. “Si bien para nosotros todavía no está claro qué fue lo que pasó, tengo entendido que fue un accidente. Nadie se electrocutó”, dijo el encargado del boliche a La Voz del Interior el 24 de noviembre de 2002.

Ese mismo día, este diario recogió otros testimonios que indicaron, por ejemplo, que una joven de nombre Paola Andrusky vio a su novio Ricardo Mirolo que se derrumbaba y desaparecía detrás de la montaña de espuma blanca producto de “una patada eléctrica”. La chica pudo tomarlo y arrastrarlo fuera del lugar. “Pensé que me moría”, dijo Mirolo.

En detalle

Noche fatídica. El sábado 24 de noviembre de 2002, el boliche Wall Street, de Río Ceballos, convocó a la “Fiesta de la espuma”. En la madrugada del domingo, alrededor de las 6, Jorge Quiñones murió, presuntamente, víctima de una descarga eléctrica. 

Sin habilitación. Al día siguiente, se conoció que el boliche no tenía autorización especial para realizar una fiesta con espuma. 

Reapertura. El 18 de enero de 2003, cesó la orden de clausura y el local bailable comenzó a funcionar nuevamente.

Primer pedido. La fiscal Dolores Romero Díaz solicitó la elevación a juicio de la causa en mayo de 2005, lo que fue concedido por el juez de control Carlos Romero. 

Confirmaciones. En diciembre del mismo año, la decisión fue ratificada por la Cámara de Acusación. Sin embargo, la causa llegó luego al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que negó el pedido de probation para los imputados. Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la causa debe ir a juicio. (La Voz)