En una nueva muestra de su intervención en el mercado, el Gobierno le dio un empujón más a la ya alicaída credibilidad del país como exportador de trigo. De un plumazo, castigó a la cerealera Nidera por haber concretado una venta de 26.000 toneladas a Brasil, pese a contar con el permiso correspondiente, y le comunicó al resto de las empresas del sector que ninguna puede exportar aún el cereal de la campaña que se está cosechando.

La avanzada oficial se dio a través de dos frentes. Sin una comunicación o resolución de por medio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conduce Ricardo Echegaray, inhabilitó el CUIT de Nidera, que la semana pasada había concretado el embarque a Brasil. La medida, que sacó de su operatoria a la empresa, se tomó de manera sorpresiva y en el mercado la señal fue interpretada como un claro castigo por esa operación.

Lo que terminó de hacer certeza esa sensación fue una sugestiva comunicación a los exportadores por parte de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci), organismo dependiente del Ministerio de Economía que autoriza los permisos para embarcar. La Ucesci les dijo a las cerealeras agrupadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) que aún no estaban autorizados los embarques del trigo 2013 y que el buque que partió con trigo de Nidera a Brasil fue por una falla técnica en la base de datos de la Aduana.

LA NACION intentó ayer sin éxito obtener una respuesta de la AFIP sobre la medida. Lo único que dejó trascender una fuente del organismo es que Echegaray, en el centro de una tormenta política porque durante su última estadía en Brasil allegados suyos agredieron a un equipo periodístico del canal TN, podría responder hoy sobre el caso de la cerealera en una conferencia de prensa en la que anunciará la recaudación de diciembre.

En tanto, una fuente de Nidera, que confirmó que a la empresa le inhabilitaron el CUIT, afirmó: "El embarque se hizo con todas las normas vigentes, inclusive de Aduana. Se pidió autorización política y administrativa, y no hubo una señal de que no se podía hacer. Aduana había dado luz verde explícitamente".

Trascendió que antes de hacer la exportación la compañía informó a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Economía [que controla la Ucesci] y al Ministerio de Agricultura, cuyo titular es Carlos Casamiquela. Nadie hizo objeciones.

Recientemente, Casamiquela expresó en una entrevista con LA NACION que la prioridad de exportación eran 1,5 millones de toneladas con permisos (Registro de Operaciones de Exportación, ROE) prorrogados de la campaña pasada. Precisamente, la cerealera realizó el embarque con un ROE prorrogado.

Ayer en el mercado había estupor por la embestida contra la empresa. "Echegaray actuó a lo Moreno [por el ex secretario de Comercio Interior], con una represalia, pese a que el permiso de exportación estaba otorgado", contó un operador del negocio.

La ratificación de que aún no se puede exportar llega en un momento en que deben cerrarse negocios con Brasil, un histórico comprador. En 2012, por la incertidumbre en el mercado local, Brasil adquirió más trigo en los Estados Unidos antes que en la Argentina. "Esto que hicieron con Nidera es una pésima señal para el mercado y para Brasil", indicó otro operador.

En este contexto, trascendió que también Bunge estaba aguardando un negocio de exportación, que ahora quedaría en suspenso.

En la cadena productiva del trigo están preocupados. "Habiendo saldos exportables, es un error no liberarlos. No hay que perjudicar al mercado", dijo Matías Ferreccio, presidente de la Asociación de la Cadena de Trigo (Argentrigo), entidad que fue citada para el próximo lunes a un encuentro en Agricultura con funcionarios de Casamiquela para abordar la situación del cereal.

CRITICAN LÍMITES DEL BANCO NACIÓN

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias rechazó la resolución del Banco Nación, que tiene carácter reservada y fue anticipada por LA NACION, que reduce el financiamiento exclusivamente a los productores de soja con el objetivo de obligarlos a vender la oleaginosa si la tienen almacenada. "Es imprescindible que se revierta esta medida discriminatoria contra el campo", señaló la agrupación ruralista.