Los vínculos económicos cruzados entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de la obra pública patagónica, son más de los que parecen. A las habitaciones sin usar, pero pagadas, en hoteles de El Calafate y los alquileres de sus inmuebles , los créditos cruzados y un condominio, se suman la compra y venta de nueve propiedades.

Sólo entre 2008 y 2009, Báez compró a los Kirchneral menos nueve inmuebles en la ciudad de Río Gallegos. Pagó $ 4 millones y los escrituró a nombre de su empresa insignia, Austral Construcciones. Así surge de documentos oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz y de registros contables internos del grupo Báez, que LA NACION obtuvo y analizó durante meses.

Esas operaciones inmobiliarias, que los Kirchner informaron en la declaración jurada de 2009, aunque sin precisar jamás que Báez fue el comprador, tuvieron lugar en un momento crucial. Ese año, la pareja presidencial afirmó que su patrimonio había crecido 158% en apenas 12 meses.

Esto fue denunciado a la Justicia, pero el juez federal Norberto Oyarbide los sobreseyó sin investigar y sin que los fiscales apelaran.

Los nuevos vínculos comerciales que salen ahora a la luz se suman al condominio de casi 9 hectáreas que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comparte con Báez en El Calafate. Y también se añade a las siete empresas de este ex empleado del Banco de Santa Cruz que firmaron convenios confidenciales y retroactivos para pagar 935 plazas hoteleras por mes en el hotel Alto Calafate durante un par de años, como lo reveló LA NACION el domingo 15 de este mes. Por esa operatoria el matrimonio presidencial recibió de Báez $ 10,1 millones entre 2010 y mediados de 2011, y que se suman a otros $ 3,2 millones por el alquiler de la hostería Las Dunas y otros $ 1,1 millones por Los Sauces SA.

De esas nueve propiedades que los Kirchner le vendieron a Báez, tres ya habían quedado bajo la lupa de LA NACION en agosto pasado, cuando se detalló cómo Austral Construcciones tomó el control de esos tres inmuebles. A ellos se suma, además, una décima compraventa, que tuvo lugar en 2008, cuando el empresario de la obra pública se quedó con el chalet en el que vivió la familia presidencial durante años en Río Gallegos. Se concretó a través de su constructora Epelco SA, en 2008.

Ahora, LA NACION accedió a informes del dominio registral de esas propiedades y a planillas contables del Grupo Báez de los que surge que el empresario desembolsó al menos $ 3.952.500 por estas nueve propiedades, que los Kirchner habían adquirido mientras ejercían la abogacía en Santa Cruz y aún no habían iniciado su desembarco en la función pública.

Las ventas corresponden a los años 2008 (ocho propiedades) y 2009 (la restante) y quedaron reflejadas en la declaración jurada que Cristina Fernández de Kirchner presentó ese año ante la Oficina Anticorrupción (OA) con un aumento del 158% del patrimonio gracias a la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz. Lo que nunca explicitaron los Kirchner es que nueve de esos inmuebles los compró Lázaro Báez.

De hecho, hasta ahora la única operatoria comercial directa entre los Kirchner y Báez que había sido reconocida por ambas partes es la constitución de un fideicomiso, en 2007. Con ese instrumento jurídico construyeron diez departamentos para alquilar sobre la calle Mitre de esta ciudad. Pero tras el escándalo del valijero Leonardo Fariña que dejó a Báez en medio del escenario mediático y judicial, comenzaron a surgir elementos que comprueban que el empresario era bastante más que un conocido de los Kirchner.


COMPRAS INCÓMODAS

Pero los antecedentes de las propiedades bajo la lupa también resultan incómodos para el matrimonio presidencial. A comienzos de los años 80, el Banco Central (BCRA) emitió la recordada circular 1050, que hizo estragos entre aquellos que tomaron créditos hipotecarios, hasta el punto de tornarse impagables (ver aparte). Fue entonces cuando los Kirchner, que eran apoderados aquí de dos bancos y de las financieras Sic y Finsud, dedicadas a cobranzas extrajudiciales, compraron departamentos, casas y terrenos.

Ése fue el caso, por ejemplo, del terreno céntrico de 325 metros cuadrados sobre la calle 25 de Mayo, como también de los dos departamentos céntricos de 55,91 y 57,84 metros cuadrados en el edificio Galería que LA NACION reveló en agosto pasado.

Pero ahora se suman a la lista otro departamento, dos viviendas y tres lotes inmuebles más, todos en el casco urbano de Río Gallegos.

Los Kirchner compraron los lotes 29 y 30 de la manzana 381 y el lote 1 de la manzana 382 entre 1978 y 1980. Por entonces, el domicilio del estudio jurídico de la pareja estaba ubicado en la calle 25 de Mayo número 156. Pero treinta años después, la firma Austral Construcciones desembolsó $ 951.000 por los tres inmuebles.

Una cuarta operación corresponde a un departamento tipo dúplex ubicado en la avenida Presidente Néstor Kirchner número 1765, por el cual Báez pagó $ 349.800 a los Kirchner, y a esa compra se suman las de una vivienda ubicada sobre la calle Brasil, en el barrio Codepro, por la que el ex empleado bancario desembolsó otros $ 381.600, y la de otra casa, de la calle Pico Truncado del barrio APAP, por la que abonó un valor similar.

Todas las operaciones mencionadas comparten un último detalle. Las escrituró el escribano Leandro Albornoz, quien tiene entre sus principales clientes a la familia Kirchner y a Lázaro Báez y su conglomerado de empresas, en las que incluso figura como accionista o ejecutivo. Entre ellas, Valle Mitre SA, la firma gerenciadora de los hoteles presidenciales.

TRANSFERENCIAS SOSPECHOSAS

Entre 2008 y 2009, los Kirchner le vendieron a Lázaro Báez nueve propiedades en el centro de Río Gallegos, por un valor total cercano a los $ 4 millones
En 2009, la declaración jurada de la Presidenta ante la OA dejó constancia de esas ventas, con un aumento patrimonial del 158%, pero omite la identidad del comprador
Estas operaciones se suman a un condominio y a los acuerdos de ocupación de los hoteles de los Kirchner en El Calafate, con transferencias millonarias desde las empresas de Lázaro Báez a través de la firma Valle Mitre

URUGUAY SIGUE SIN RECIBIR DATOS DESDE LA ARGENTINA

Siete meses después de que la justicia uruguaya abriera una investigación penal que involucra al empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez, la Argentina no respondió aún a ninguno de los cuatro exhortos librados desde Montevideo para que se envíe información sobre el mayor beneficiario de la obra pública en la Patagonia.

Según informó ayer el diario uruguayo El Observador, la jueza en lo Penal contra el Crimen Organizado Adriana de los Santos pidió información sobre Báez, uno de sus contadores, Daniel Pérez Gadín, y otros partícipes en la millonaria compra del campo El Entrevero, en la exclusiva zona de José Ignacio.

De acuerdo con El Observador, De Los Santos "preguntó en esos exhortos si existen sospechas de que Báez y compañía hayan cometido delitos precedentes al de lavado de activos". Pero la única respuesta que recibió hasta ahora llegó en septiembre pasado, cuando uno de los jueces argentinos que investigan a Báez sólo le reclamó que enviara una copia de la denuncia presentada contra los acusados. La magistrada uruguaya respondió a esa solicitud y desde entonces no volvió a tener novedades desde Buenos Aires.

El Observador reveló en mayo pasado la trama oculta de la compra millonaria de El Entrevero y sus vínculos con las sociedades investigadas por el juez federal Sebastián Casanello por un presunto lavado de activos. Esa operación la inició el "valijero" Leonardo Fariña junto a Maximiliano Acosta, Pérez Gadín y Oscar Osvaldo Guthux, que fue hasta 2010 gerente de finanzas de Valle Mitre, la firma que gerenció el Hotel Alto Calafate de los Kirchner.