El impedimento recae sobre todos los cargos electivos municipales y designaciones políticas de jerarquía, quedando configurado en los siguientes supuestos:

Sentencia de primera instancia firme, a pena privativa de la libertad o de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
 
Sentencia confirmatoria en segunda instancia judicial a pena privativa de la libertad o de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

Esta iniciativa busca depurar las opciones que espera el electorado, establecer límites claros y no pretende castigar a nadie, ya que esa es tarea del poder judicial. 
 
Esta gestión municipal pretende profundizar la participación ciudadana y los vínculos comunitarios, por lo que considera indispensable fijar reglar claras para reafirmar la transparencia y la ética en la función pública.