Hasta ahora no hubo un resultado final sobre esta investigación, que empezó a principios de este año por una denuncia que hicieron los diputados de la oposición Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Manuel Garrido (UCR). Pero en una carta que envió a LA NACION el jueves pasado el Ministerio Público de Suiza, que lleva adelante esta pesquisa, se detalló que la "investigación está progresando".

En este sentido, la respuesta girada por el Ministerio Público de Suiza ante un pedido concreto que hizo LA NACION determina que la justicia helvética se encuentra en una etapa de "análisis de los flujos financieros actuales" de la familia Báez por una investigación penal por presunto lavado de dinero.

A su vez, en el escrito remitido a LA NACION por Jeannette Balmer, vocera del Ministerio Público suizo, detalla que se abrió una investigación penal en relación con el delito de blanqueo de capitales dscripto en el Código Penal helvético y añadió que "una apelación sobre la incautación de los bienes pertenecientes a las empresas de la familia [Báez] está pendiente ante el Tribunal Penal Federal" en ese país.

Báez ya tiene un antecedente en su favor en materia de incautación de bienes y cuentas. En 2009 logró recuperar 10,4 millones de dólares que la justicia del principado de Liechtenstein mantenía congelados desde 2006 por sospechas de lavado de dinero.

En ese entonces, los fondos se encontraban a nombre de Austral Construcciones, una de las empresas de Báez beneficiadas con la obra pública de santa Cruz, y la justicia de Liechtenstein determinó que "no existe indicio alguno de que esos 10 millones de dólares tengan un origen delictivo", según logró reconstruir en su momento LA NACION.

Sin embargo, la justicia de Liechtenstein no tiene las mismas reglas y códigos que la de Suiza. Pero este dato resultaría ser un precedente alentador para Báez.

A TRAVÉS DE CANCILLERÍA

Por otra parte, el Ministerio Público de Suiza detalló que hasta ahora no envió comisiones rogatorias internacionales a las autoridades argentinas para ampliar detalles de los dueños de las cuentas o de las conexiones locales de éstas con las cuentas radicadas en Suiza. Todos estos pedidos a futuro se canalizarán por medio de la cancillería argentina. Hasta ahora allí negaron que exista algún pedido o trámite en curso por parte de la justicia suiza.

Según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la diplomacia de Ginebra, la investigación que lleva adelante la justicia suiza sobre las cuentas de la familia Báez no requirió hasta ahora un exhorto de parte de un juez argentino. Las mismas fuentes destacaron con énfasis que no se sabe exactamente hasta el momento si la totalidad de las 100 cuentas implicadas en la investigación estarían directamente vinculadas con operaciones sospechosas de lavado de dinero o no. Esto sólo lo conoce el fiscal que investiga el caso y esa información se encuentra bajo estricta reserva según lo dispone la normativa helvética.

A su vez, las fuentes diplomáticas de Suiza consultadas por LA NACION no quisieron detallar el alcance que podrá tener esta investigación. La denuncia de Ocaña y Garrido por la que empezó a actuar la justicia suiza se presentó el pasado 18 de abril ante el fiscal federal suizo.

Por otra parte, se supo que entre las 100 cuentas que estarían siendo investigadas en Suiza habría una a nombre de la empresa panameña Teegan en el banco Lombard Odier, cuyo apoderado sería Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista que habría realizado aportes por más de 14 millones de pesos a los hoteles de la Patagonia del matrimonio Kirchner.

También estarían bajo investigación judicial las cuentas a nombre de Helvetic Service Group, una empresa suiza que estaría vinculada a la financiera SGI del edificio de Madero Center. Las denuncias de los diputados Ocaña y Garrido determinaron que desde ese lugar tanto el financista Federico Elaskar como el polémico contador Leonardo Fariña habrían enviado fondos a paraísos fiscales.

Helvetic Services Group habría desembarcado en la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", y tendría participación accionaria en otras 16 sociedades alrededor del mundo con activos declarados por US$ 60 millones. Tanto Helvetic Service como el banco Lombard Odier rechazaron una vinculación con operaciones sospechosas de lavado.

UNA PESQUISA COMPLEJA

El Ministerio Público suizo detalló que se abrió una investigación penal en relación con el blanqueo de capitales y operaciones sospechosas de lavado de cuentas de la familia de Lázaro Báez
Se prevé "una apelación sobre la incautación de los bienes pertenecientes a las empresas de la familia [Báez] está pendiente ante el Tribunal Penal Federal" de ese país
La diplomacia de Suiza confirmó que unas 100 cuentas relacionadas con la familia Báez están siendo investigadas por la justicia de ese país
La investigación se inició a principios de este año por un pedido de los diputados opositores Graciela Ocaña y Manuel Garrido
Hasta ahora, Suiza no envió comisiones rogatorias internacionales a las autoridades argentinas para ampliar detalles de los dueños de las cuentas o de las conexiones locales de éstas con las cuentas radicadas en Suiza
Estarían bajo investigación judicial las cuentas a nombre de Helvetic Service Group, una empresa suiza que estaría vinculada a la financiera SGI, del edificio de Madero Center, más conocido como "La Rosadita"

STOLBIZER PIDIÓ UN AMPARO PARA INVESTIGAR

La diputada Margarita Stolbizer (GEN-FAP) presentó un recurso de amparo a la Justicia para investigar las sociedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez. "Hace tiempo venimos denunciando que en la Inspección General de Justicia se ha instalado una mafia orquestada con la intención de frenar los pedidos de información respecto de sociedades vinculadas al lavado de dinero y las coimas que rozan a los funcionarios del más alto nivel. Denunciamos el accionar arbitrario e ilegítimo, con la intención de ocultar negocios sucios", expresó la diputada Stolbizer

Stolbizer había solicitado informes ante la Inspección General de Justicia. Ante la falta de respuesta, presentó un pedido de pronto despacho alegando su condición de diputada. Ninguno de esos pedidos tuvo respuesta y presentó un amparo en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia Nº 10.