La denuncia recayó finalmente en la Fiscalía en lo Penal y Económico de Segunda Nominación a cargo del Fiscal Franco Mondino.
 
El Dr. Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo 2004, indicó que “el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones o RIGI fue aprobado originalmente como parte de la Ley Nacional de Bases 27.742. Establece una serie de beneficios y exenciones para inversiones que superen los 200 millones de dólares. Desde su presentación al Parlamento fue considerada inconstitucional, pero aun así superó los obstáculos, y quedó promulgada. Lo curioso es que Córdoba no solo adhirió a una ley controvertida que beneficia a las grandes corporaciones. También violó normas vigentes, y le otorgó además facultades discrecionales al gobernador de Córdoba”.
 
“En su desesperación por obtener dólares frescos, y mostrar alguna inversión extranjera, la gestión de Javier Milei y su apoyo en Córdoba, la gestión de Martín Llaryora, decidieron hacer un super RIGI alineando la ley nacional y el RIGI local. Aunque en Córdoba no habría inversiones en megaminería metalífera, ni yacimientos de petróleo, como sí podría ocurrir en otras en otras provincias, aquí la amenaza se relaciona con los grandes agronegocios y la explotación turística. Pero el RIGI actuaría sobre un territorio ambientalmente destrozado, con sus cuencas hídricas en terapia intensiva”, agregó .
 
El abogado Juan Smith, por su parte, detalló las violaciones a normativa vigente implícitas en la aprobación del RIGI local. “En nuestra presentación incluimos un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.742 que crea el RIGI nacional, y de la ley 10.997 de aprobación del RIGI provincial. Por un lado -agregó Smith- hay razones de forma. El tratamiento exprés sobre tablas del proyecto enviado por el Ejecutivo el día anterior requería, de acuerdo al Reglamento de la Legislatura, la aprobación de las 2/3 partes de los legisladores habilitados para votar en la sesión respectiva. Entendemos que esa mayoría no se dio, por lo que una decisión posterior asentada o tomada con ese déficit sería ilegal y arbitraria. Pero la torpeza legislativa no terminó allí.

La Constitución de la provincia exige para ciertas normativas el tratamiento en Doble Lectura y, en algunos casos, con Audiencia Pública (ley 9003) entre la Primera Lectura y la Segunda Lectura (leyes tributarias e impositivas por ejemplo. Tampoco ocurrió. Esto hizo que el texto aprobado fuese ilegal y arbitrario. Una vez más, quienes primero violan las leyes son los propios funcionarios, por caso el gobernador Martín Llaryora, y algunos legisladores”.
 
El Dr. Raúl Montenegro dijo  que la aprobación del RIGI local “fue mucho más allá del incumplimiento de leyes provinciales. Es tal la impunidad con que se manejó el gobernador, la vicegobernadora y algunos legisladores, que violaron dos convenios internacionales. Y los convenios tienen una jerarquía jurídica por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes del país”. Agregó que “ignoraron deliberadamente dos instrumentos cuya importancia y vigencia son públicas. Por una parte, el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. No podían aprobar esta ley sin la previa consulta, fehaciente, de las comunidades indígenas que tienen, en Córdoba, personería jurídica reconocida por la Nación. Peor aún, violaron el Acuerdo de Escazú, que ni siquiera fue mencionado durante las deliberaciones. Escazú establece principios básicos ineludibles, y también la obligatoriedad de consultas previas. El poder provincial cree que se ubica por encima de las leyes, y que la opinión de los pueblos originarios no cuenta. Ahora la Justicia debe investigar este cóctel de torpezas legales. El gobernador Martín Llaryora debió respetar la legislación vigente, y en lo que más le conviene al deteriorado ambiente Cordobés, y no en someterse, como lo hace con irritante frecuencia, ante las cuestionables iniciativas del presidente Javier Milei”.
 
Córdoba, una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina.
 
Desde el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College) (*), indicaron que la aprobación del RIGI Cordobés “agrega una nueva amenaza a la maltrecha situación ambiental de la provincia de Córdoba”. Listaron luego “algunos de los problemas más graves: cabeceras de cuenca muy alteradas, lagos en avanzado estado de eutroficación, sectores del agronegocio tratando de reducir las zonas rojas de la ley de bosques nativos, multiplicación de canteras secas, grandes basurales a cielo abierto, colectoras cloacales construidas junto al cauce de ríos, incineradores de residuos peligrosos, turismo cinegético con cazadores extranjeros que no son controlados, incendios que se reiteran cada año, uso descontrolado de plaguicidas, y la lista sigue. Con una resistencia ambiental cada vez menor, el posible ingreso de grandes inversiones con alto impacto ambiental significaría el golpe de gracia para los ecosistemas naturales en crisis”.
 
Raúl Montenegro indicó que la vulnerabilidad de la provincia “deriva no solamente de un Ministerio de Ambiente y Economía Circular incapaz de enfrentar las crisis actuales, sino de situaciones ambientales particularmente críticas. Entre ellas, ser una de las únicas cinco provincias que permite el ingreso de residuos peligrosos procedentes de cualquier zona del país, o tener apenas un 4% de la superficie original que ocupaban los bosques nativos. RIGI Cordobés, fragilidad ambiental extrema, y una gestión ambiental decadente, conforman sin dudas un cóctel letal”.
 
Juan Smith agrego que el RIGI nacional y el RIGI Cordobés “y los que se vayan agregando en distintas provincias” generan “dimensiones interjurisdiccionales de impacto que no se evalúan en conjunto. El país ambientalmente dividido y de jurisdicciones independientes, con un Consejo Federal del Ambiente incapaz de afrontar estas nuevas escalas y amenazas, solo beneficiará a las grandes corporaciones”.
 
En los próximos días se irán sumando, además, nuevas presentaciones bajo la figura legal del Amicus Curiae, “amigos del Tribunal”, que reforzarán los sólidos argumentos y en poder de la Fiscalía.