Así lo expresaron Paula Juárez, licenciada en Psicopedagogía y docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Leticia Saavedra, licenciada en Trabajo Social. El pasado 24 de octubre se realizó la segunda jornada interuniversitaria de salud mental en la UNRC.
El pasado 24 de octubre, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, se realizó la segunda jornada interuniversitaria de salud mental, un espacio de reflexión y análisis sobre la problemática que atraviesa a gran parte de la sociedad argentina. El evento fue organizado por las universidades locales y de otras provincias, con la participación de estudiantes y docentes de diversas carreras. A lo largo de la jornada, las intervenciones se centraron en el diagnóstico de la crisis de la salud mental y las consecuencias del desfinanciamiento estatal en el sector, con un foco particular en los discursos de odio y el consumo problemático.
Leticia Saavedra, licenciada en Trabajo Social, destacó que uno de los ejes principales del encuentro fue abordar "los discursos de odio y las prácticas de odio que estamos viendo en la cotidianeidad". Según la profesional, estos discursos, promovidos desde esferas gubernamentales y sociales, "se imponen principalmente desde el estado nacional y habilitan la violencia en pequeños espacios de nuestra vida cotidiana". A su vez, se analizaron las tres problemáticas sociales más urgentes que se vinculan directamente con la salud mental: la discriminación por motivos de género y orientación sexual, la interculturalidad y las condiciones raciales, y el creciente consumo problemático, que está hace mucho desde las infancias.
"El consumo problemático no es algo nuevo, pero estamos viendo cómo cada vez más niños y adolescentes caen en este círculo vicioso. La reducción de la edad de inicio es alarmante", advirtió.
Paula Juárez, licenciada en Psicopedagogía y docente de la Facultad de Ciencias Humanas señaló que el impacto del consumo en las generaciones más jóvenes es "un cóctel impresionante que necesita una respuesta urgente y coordinada".
Ambas especialistas coincidieron en que la ciudad de Río Cuarto no escapa a esta realidad. Saavedra afirmó que "no estamos ajenos a estos problemas. Lo transitamos y lo vivimos cotidianamente, de hecho, también nos encontramos con otros grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, que sufren de prácticas discriminatorias similares". Sin embargo, la reflexión giró también en torno a la necesidad de reconfigurar la manera en que las universidades y los profesionales del área de la salud mental abordan estas problemáticas.
"Es fundamental que las universidades dejen de ser instituciones competitivas y empiecen a pensar en la salud mental de manera integral", afirmó Saavedra. En este sentido, el encuentro promovió una mirada crítica sobre el modelo actual, en el que el Estado parece desentenderse de la salud mental, a pesar de contar con una ley que promueve su atención.
"La ley es hermosa, pero está siendo desfinanciada", destacó Juárez quien explicó que los servicios de salud mental en los hospitales y centros públicos son cada vez más reducidos, y que la falta de recursos ha generado que muchos de estos espacios dependan de residentes y no de profesionales contratados. "El problema es que las familias no pueden acceder a la atención privada, y la infraestructura pública está colapsada", señaló.
Un tema que también se abordó fue la forma en que la comunidad en general y las familias pueden intervenir cuando se enfrentan a un problema de salud mental. Las especialistas pusieron énfasis en la necesidad de entender a las familias "no como grupos aislados, sino como parte de un diálogo intracomunitario". En palabras de Saavedra, "la clave está en articular redes comunitarias, centros de atención primaria e instituciones no gubernamentales para promover la salud mental".
Por su parte, Juárez agregó que la Ley Nacional de Salud Mental, aunque reconocida como un avance, aún tiene grandes desafíos en su implementación. "El problema no está en la ley, sino en cómo se efectivizan las políticas públicas. La infraestructura está desmantelada, y el Estado no está cumpliendo con lo que la ley plantea", puntualizó.
En cuanto a los futuros pasos, las jornadas dejaron en claro que las universidades tienen un papel central en visibilizar estos problemas y generar espacios de formación y reflexión. "El hecho de que se haya generado un espacio interuniversitario de este tipo ya es un signo de salud, de salud integral", sostuvo Juárez.
Las jornadas de salud mental, además de servir como un espacio de análisis, dejaron en evidencia la necesidad de movilizar a la sociedad en su conjunto para frenar la naturalización de los discursos de odio y el desfinanciamiento de los servicios que garantizan el acceso a una atención adecuada para todos.