La red de protección dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia) llega hasta la cúspide misma del poder. Porque al "cepo informativo" que se montó para cuidar al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se sumó una cobertura especial para Hotesur, la sociedad anónima con la que el matrimonio Kirchner controla el hotel Alto Calafate. Así surge de los registros internos del organismo que fueron vistos por LA NACION y analizados por tres expertos.Hotesur adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si alguno de ellos son "personas políticamente expuestas" (PEP).

Los incumplimientos de la firma controlante del Alto Calafate no terminan allí. Presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. A diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas por la normativa vigente.

Esta protección no es aislada. Se suma a la que tuvieron tres empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar), socio del matrimonio presidencial, y a la Asociación y Fundación Madres de Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini, tal como reveló LA NACION en enero y mayo pasados, lo que provocó la apertura de una investigación penal.

Pero el caso de Hotesur es más sensible. Se trata de la sociedad que en 2008 adquirió Néstor Kirchner y que después de su muerte quedó bajo el control de su esposa y sus dos hijos, Máximo y Florencia.

El desembarco de los Kirchner en Hotesur se plasmó en la asamblea general ordinaria del 7 de noviembre de 2008, según consta en la copia que obtuvo LA NACION, cuando renunció el directorio anterior y asumió otro conformado por una sobrina -la fiscal Romina Mercado- y un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre- y otros hombres del entorno compartido por ambos: Alejandro Fermín Ruiz, Patricio Pereyra Arandia y Roberto Saldivia.

El listado de nombres resulta singular. Porque Hotesur figura como dueña, a su vez, del hotel de lujo Alto Calafate, con el que siete empresas de Báez, por medio de Valle Mitre, firmaron acuerdos confidenciales y retroactivos por los que le garantizó el pago de 935 habitaciones por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.

Así, y sólo por el del Alto Calafate, el matrimonio presidencial recaudó más de $ 10,1 millones de Baéz. De ese monto, más $ 6,3 millones correspondieron a 2010 y $ 3,7 millones al año siguiente, cuando ya había fallecido el ex presidente.

El caudal de ingresos millonarios y garantizados por Báez, sin embargo, no llevaron a Hotesur a mantener ordenado su legajo en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia y que se encuentra a cargo de supervisar las sociedades comerciales domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires.

Por el contrario, en los registros internos de la IGJ figura que Hotesur adeuda sus balances correspondientes a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de directorio corresponde a esa asamblea que se celebró en noviembre de 2008, con mandato hasta la asamblea que debía tratar el ejercicio con cierre el 31 de octubre de 2009.

Incógnita

De esta manera, mientras que la firma Hotesur no detalla cuáles son sus ingresos, gastos, patrimonio neto, flujos, activos, pasivos, bienes, ni ningún otro dato propio de sus balances desde por lo menos tres años, quiénes integran su directorio actual resulta una incógnita para la IGJ. Sin embargo, el organismo no le inició ningún trámite de intimación por ese motivo.

Según el estatuto interno de Hotesur, sus directorios se conforman con mandatos por tres años, pero aún así durante sus primeros ejercicios los renovaron cada año.

De ese modo, si desde 2009 mantuvieron la tradición de conformarlos cada 12 meses, la sociedad no informó sus cuatro últimos directorios. Y si pasó a cambiarlos cada tres años, faltan dos: el de 2009 y el de 2012, es decir, el posterior a la muerte de Kirchner en octubre de 2010 y la declaratoria de herederos en 2011, según reconstruyó LA NACION.

La consecuencia de ese vacío resulta sustancial: si la Justicia le requiriera datos sobre Hotesur, para la IGJ el directorio que sigue en funciones -al menos en su registro formal- sería el de 2008, aún con el plazo de su mandato ya vencido en exceso.

Hotesur sí se movió, sin embargo, para cumplir con la presentación de la declaración jurada que impuso la Inspección General de Justicia, resolución general 1/2010 para la "actualización de datos" societarios. Se registró con el número de trámite 2843515 recién el 28 de abril de 2012. Y, según cotejó LA NACION, el organismo reaccionó con parsimonia: un año y medio después continúa bajo "proceso de análisis".

Mientras la IGJ cajonea ese "análisis", sin embargo, el 3 de julio pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó en durísimos términos revocar el "cepo" informativo que rige dentro de la IGJ desde la gestión de Norberto Berner para bloquear el acceso público a todas las sociedades vinculadas a Boudou.

Sin embargo, las autoridades de la IGJ apelaron ese fallo e incluso lo extendieron menos de dos meses después. Así quedó expuesto en la Providencia DSC 1325/2013 que firmó el director de Sociedades Comerciales de la IGJ, Pablo Larrañaga, para impedir que un abogado de la matrícula obtuviera copias de la documentación que la firma suiza Helvetic Services Group debió presentar ante la IGJ.

Aún así, desde el organismo sostienen que ese cerrojo a la información no existe. Al punto que el actual titular del organismo, Rodolfo Tailhade, "llamó a desmitificar la construcción mediática del «cepo informativo»".

"Desde algunos medios de comunicación se quiere instalar la idea de cierto oscurantismo, de un organismo cerrado que se niega a interactuar con la sociedad", afirmó Tailhade en una conferencia que brindó el 12 de noviembre. "De ninguna manera existe esa suerte de «cepo», como lo han caracterizado, ni en relación a la información, ni en cuanto al modo de funcionamiento del organismo", remarcó.

Sin embargo, cuando LA NACION solicitó información de manera oficial sobre Hotesur SA -con el mismo formulario y sellado con el que hasta principios de 2012 obtuvo datos de otras sociedades-, resultó imposible.

Una llamativa sociedad entre los Kirchner y Báez

Irregularidades sugestivas en torno al hotel Alto Calafate

Cómo es La trama

Hotel de lujo en El Calafate
La firma Hotesur, que los Kirchner controlan desde 2008, es propietaria del hotel de lujo Alto Calafate, en Santa Cruz

Incumplimientos sin sanción
Adeuda balances e información sobre la conformación de su directorio desde hace varios años, sin que la IGJ la sancionara

Normas antilavado
Hotesur incumple además normas antilavado de la IGJ que obligan a las sociedades a informar si uno o más de sus integrantes son "personas políticamente expuestas" (PEP)

Acuerdos con Lázaro Báez
Mediante su firma Valle Mitre, siete empresas de Lázaro Báez firmaron convenios confidenciales con el hotel, para garantizarle la ocupación de 935 habitaciones por mes en 2010 y 2011. (Fuente:lanación.com)