Una fuerte reducción salarial, calculada en 33 puntos; una caída real en el Presupuesto 2025 para las universidades públicas, y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario alimentan el conflicto que volverá a escalar desde esta semana, cuando se retomen las asambleas y los paros de cara a una nueva marcha prevista para el 2 de octubre, aunque la fecha no está confirmada.

El gremio de los docentes e investigadores universitarios de Córdoba (Adiuc) ratificó el paro por 24 horas para el jueves de esta semana, con una concentración para ese mismo día en la explaza Vélez Sársfield, a las 11, donde se hará una charla abierta a la comunidad respecto de las implicancias que tendrá el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada semanas atrás.

Según las estimaciones de Adiuc, el proyecto de Presupuesto 2025 “asigna la mitad de los recursos solicitados por los rectores de las universidades nacionales para garantizar su normal funcionamiento, y profundiza el deterioro salarial de docentes y no docentes, que alcanzaría niveles mínimos históricos”.

En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, el Presupuesto para el año que viene anticipa fondos por $ 243.045 millones (con $ 6.115 millones destinados al Hospital de Clínicas y a la Maternidad Nacional), cuando el Presupuesto de 2024 fue de 125.839 millones, es decir, una suba del 93% frente a una inflación proyectada para este año de 142%.

Para el caso de la Universidad de Villa María, el presupuesto estipulado es de $ 20.472 millones, frente a los $ 10.190 millones de este año, mientras que la Universidad de Río Cuarto pasaría de $ 26.049 millones a $ 51.012 millones. En ambos casos, también por debajo de la inflación de este año.

De acuerdo con el cálculo de la Adiuc, el recorte presupuestario para el complejo científico argentino sería del 40% sobre la partida 2024 del Conicet, “afectando centralmente los salarios”, lo que atenta contra la carrera docente y desalienta la permanencia en Argentina de científicos formados en el país.

Financiamiento universitario

A la espera del anunciado veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que debería ocurrir en los próximos días, el gremio de Adiuc y el resto de la comunidad universitaria convocarán a una nueva marcha federal, con la expectativa de lograr una adhesión similar a la de abril, cuando el Gobierno nacional debió regresar sobre sus pasos y otorgar fondos para el funcionamiento de las universidades, aunque estos fueron insuficientes y pusieron en jaque investigaciones y programas.

Aunque no hay una fecha concreta, en principio la movilización sería el 2 de octubre. La mesa ejecutiva del Consejo Interuniversitario Nacional, que integran los rectores de las universidades públicas del país, se reunirá esta semana para fijar el día en coordinación con la federación de gremios docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina.

“La Universidad no es una prioridad para el Gobierno nacional”, dijo la presidenta de la FUA, Piera Fernández, quien aseguró que “no ha habido otro gobierno que haya atacado tan frontalmente al sistema universitario”.

Fernández sostiene (al igual que el resto de la comunidad universitaria) que el impacto que la ley que Milei vetará equivale al 0,14% del PIB, algo que “no pone en riesgo el equilibrio fiscal y se juega el futuro del país”.

Como se recordará, la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en el Senado con 57 votos a favor, sólo 10 en contra y una abstención. En Diputados, en tanto, 143 legisladores acompañaron el proyecto, 77 votaron en contra, mientras que uno se abstuvo.

Tal como ocurrió con la movilidad jubilatoria, para hacer caer el veto presidencial, el oficialismo no debe lograr 87 votos.

Córdoba

En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, esta semana, los centros de estudiantes y las organizaciones estudiantiles también iniciarán una serie de acciones previas.

La asamblea interfacultades se movilizará el lunes 23 desde las 17, con punto de concentración en el Monumento de la Reforma, a pocos metros del Parque de las Tejas. Este colectivo rechaza el veto de Milei y el ajuste de (Martín) Llaryora.

Por su parte, la Federación Universitaria Córdoba, conducida por la Franja Morada, esperará formalmente el veto, aunque la militancia radical ya comenzó a presionar a los diputados nacionales de ese partido para que rechacen el veto cuando este llegue a la Cámara Baja.

Picat anticipó que aprobará el veto

El diputado nacional Luis Picat (UCR) confirmó que, en caso que el veto a la Ley de Financiamiento Educativo llegue a la Cámara Baja, él volverá a votar junto al oficialismo, como lo hizo ante la ley de movilidad jubilatoria, y respaldará la decisión de Javier Milei con un bloque duro de 87 diputados.

Ayer, los militantes de Franja Morada de Río Cuarto lanzaron una campaña en redes para intentar revertir la decisión del exintendente de Jesús María

“¿Imagina a Córdoba sin sus tres universidades nacionales? Lo exhortamos a rever su postura y a honrar la historia de la Unión Cívica Radical. El radicalismo ha sido siempre el principal garante en la defensa irrestricta de la universidad pública que nos enorgullece mundialmente. Nuestra lucha es la lucha inclaudicable de educación para todos. No renunciemos a eso”, lanzaron los jóvenes radicales de Río Cuarto en un llamado a Picat, egresado de una universidad privada.

La posición de Picat vuelve a tensionar hacia la interna del radicalismo en general y del bloque en Diputados en particular. Como se recordará, la Convención Nacional del radicalismo impulsa la expulsión de Picat y de los otros diputados de ese partido que cambiaron su voto durante el tratamiento del veto. En ese marco, y como una muestra de respaldo a Picat, Rodrigo de Loredo acusó a la Convención Nacional de “parcialidad selectiva”.

Sin embargo, otros diputados anticiparon que participarán de la marcha universitaria y sentaron postura respecto del veto.

“Como radical y reformista, acompaño el reclamo presupuestario de las universidades y, en caso de veto presidencial, voy a votar a favor de la insistencia de la ley. Es una de las principales banderas de nuestro partido. Mis convicciones no son pasajeras, no voy a cambiar mi voto”, dijo Gabriela Brouwer de Koning, la diputada nacional de Río Tercero, la primera en responderle a la Franja Morada.

El bloque radical está en máxima tensión y De Loredo enfrenta una guerra abierta con Martín Lousteau, el presidente del partido, quien tiene un acuerdo con el sector que se referencia en Facundo Manes.




La Voz