El jefe de Gabinete afirmó que está a favor de la "libertad de expresión sin restricciones"; igual, dijo que "no hay incompatibilidad" en los contratos entre el empresario y la familia Kirchner.
El jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, se mostró hoy en contra del pedido de censura a los medios que hizo el empresario Lázaro Báez, al reclamar ante la Justicia que se impida a LA NACION y el resto de los medios del país pubilcar información sobre los negocios entre ese contratista de obra pública y los hoteles de la familia Kirchner .
El funcionario aseguró que está "a favor de la democracia plena y la libertad de expresión sin restricciones de ninguna naturaleza".
"Más democracia, más libertad, eso es lo que tenemos que tener", indicó el funcionario nacional, "aun cuando medios de comunicación y periodistas hacen de la difamación y el agravio, conjuntamente con dirigentes políticos, una estrategia que tiende a socavar la legitimidad del sistema democrático".
Por otra parte, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich dijo que en la "declaración jurada impositiva de la Presidenta de la Nación está perfectamente identificado el origen de cada uno de los fondos en virtud a la generación de los mismos. Eso está debidamente aclarado en un comunicado, no tengo más nada que agregar".
Báez solicitó ayer una medida cautelar ante la Justicia para impedir que LA NACION y cualquier otro medio de comunicación en cualquier soporte -gráfico, radial, televisivo o por Internet- publique nueva información sobre los millones de pesos que entregó al matrimonio Kirchner en concepto de "alquileres" en sus tres hoteles de Santa Cruz durante los últimos años.
La reacción de Báez llegó luego de que LA NACION revelara en los últimos tres días cómo les pagó al menos $ 14,5 millones a los Kirchner, entre 2010 y 2011, sólo en concepto de "alquileres" de los hoteles Alto Calafate, Los Sauces y Las Dunas, los tres de propiedad de los Kirchner.
La presentación de Báez generó el inmediato repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a principales diarios del país, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y de múltiples dirigentes políticos, al considerar que configuraría un intento de "censura previa".