“Más allá de que todos estamos de acuerdo en mejorar los sueldos de los docentes universitarios, creemos en que las partidas destinadas a la inversión educativa deben estar presupuestadas a partir de recursos reales que ingresan al Estado, en el contexto que ya ha explicado el presidente Javier Milei”, señaló el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, a Ámbito.

El funcionario formuló estas apreciaciones en momentos en que los gremios del personal docente y no docente de las universidades llevan a cabo un paro en todo el país, que comenzó este martes y se extenderá hasta mañana, en reclamo por los salarios. Entre diciembre y julio últimos, los salarios universitarios tuvieron un aumento del 70%, pero la inflación acumulada en el mismo supera el 120%, según los cálculos sindicales.

Torrendell señala como necesario que “las cuentas públicas estén en orden de acuerdo con una sana eficiencia administrativa” y considera que “de esa forma se irán recomponiendo los salarios en la medida de las posibilidades”.

“Lo que queremos es mejorar de manera progresiva esos sueldos sobre la base efectiva de ingresos”, explica el secretario. Y agrega “de allí, que hemos acordado formar una comisión tripartita con los gremios, representantes de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para acercar posiciones que beneficien la continuidad del sagrado derecho a estudiar”.

Tras recordar que el Gobierno garantizó un aumento del 71% de los salarios, de diciembre a julio, sostuvo que “en algunos meses, como mayo y julio, se superó incluso el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de ir recomponiendo el salario, en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento de las universidades con un incremento de 270% los pagos en tiempo y forma que aseguran el normal desarrollo del sistema universitario. “

Los datos oficiales muestran que un docente universitario titular con dedicación exclusiva y una antigüedad de 5 años recibe una remuneración del orden de $1.400.000 mensuales y uno con dedicación simple e igual antigüedad, cerca de $350.000. Estas cifras, comentan con ironía en medios sindicales, quedan empalidecidas cuando se las compara con los $ 9.000.000 que los senadores aspiran a ganar y generó el rechazo de una gran parte de la sociedad.

Reforma

“Cuando le preguntan a la dirigencia del país cuál es el principal problema, sólo el 3% dice que es la educación”, reflexiona Torrendell.

Ámbito pudo saber que próximamente el Poder Ejecutivo elevará al Congreso un proyecto de reforma educativa. Consultado sobre el contenido de la iniciativa, el secretario precisó que “lo fundamental pasa por la carrera y la evaluación docentes, por apostar a una profesionalización de los docentes y para ello es necesaria una evaluación orientada a la mejora”.

Torrendell reconoció que cuando se habla de evaluación aparecen muchos miedos porque se la identifica con calificación, con castigo, con penalidad. “Acá es al revés, es generar sistemas de evaluación, cuantitativos, cualitativos, para que tengamos información para poder mejorar. O sea, para retroalimentarte, diríamos los pedagogos.”

El proyecto contemplará distintos aspectos. Entre ellos la evaluación de los docentes cada cuatro años y la posibilidad que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.

Torrendell realizó un punteo de las reformas que se van a proponer:

Examen al finalizar la educación secundaria: fortalecimiento de la política de evaluación Aprender.
Liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria.
Garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico.
Evaluación a docentes en un período no mayor a 4 años y fortalecimiento de la formación continua.
Aprobar la educación secundaria para poder ingresar a la enseñanza de grado en el nivel superior.
Las universidades deben ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero no deben tener un carácter selectivo excluyente.
Determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades.
Las universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.
Evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas). Repetirse cada 10 años.
Incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y OSC.
Educación técnica: duración equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción.

El secretario de Educación recordó que el tema ya había sido conversado cuando se presentó la primera versión de la ley bases (luego retirada por el Ejecutivo). Pero de esta primera experiencia resultó -sostiene- que no hubo grandes resistencias y observa una actitud “colaborativa” de las provincias como demuestra la experiencia del plan de alfabetización. “cuando hay iniciativas razonables no hay oposición política y se puede avanzar”.

El secretario también enfatiza que la política oficial se concentra en la alfabetización “porque el desafío fundamental son los aprendizajes centrales, sino no se puede aprender ni a programar, ni a nada”.

Conectividad

El área de Educación acumula una deuda de 1.000 millones de dólares por el plan Conectar Igualdad del anterior Gobierno, que incluía la provisión de computadoras, su mantenimiento y la conectividad a través de la empresa ARSAT que a su vez contrataba intermediarios.

La intención de las autoridades ahora es, en vez de contratar a ARSAT, girar los fondos directamente a los beneficiarios para que cada escuela busque su proveedor de internet. Se calcula que gastarán entre cuatro y diez veces menos.

Ámbito Financiero