El déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba continúa enclavado en el centro de la problemática financiera del Gobierno, en función de que no solamente crece mes a mes por el impacto de las actualizaciones salariales de los empleados activos, sino también como consecuencia de que la Nación está lejos de cumplir con los envíos comprometidos para sostener ese gasto.

Según los datos del primer trimestre de este año, publicados oficialmente en la ejecución presupuestaria de ese período, la Caja verificó números en rojo por $ 47.950 millones.

La evolución del cuadro a lo largo del semestre apuró nuevos intentos del gobernador Martín Llaryora para obtener definiciones urgentes de parte de la Nación, con escasa repercusión en el gobierno de Javier Milei lo cual profundiza en el Panal la idea de acudir a la vía judicial para sostener el reclamo.

En el trimestre, la Caja recaudó $ 168.445 millones por contribuciones de la seguridad social y tuvo erogaciones para pagar a sus 114.976 beneficiarios por $ 216.395 millones, de los cuales alrededor del 1% son los gastos propios del funcionamiento.

La rajadura estructural

En el arranque del año, una de las estrategias para conjugar el descalce consistió en limitar las actualizaciones salariales a la mitad de la evolución de la inflación, dado que los ingresos de los jubilados están atados a los de los activos. Pero aun así el rojo sube.

Con los ingresos “genuinos”, es decir, las contribuciones a la seguridad social cubren el 78% del gasto. En consecuencia, sanear los $ 15.983 millones promedio que genera el déficit mensual requiere mayoritariamente el uso de ingresos provenientes de impuestos con afectación específica a la Caja.

El déficit estructural del sistema previsional cordobés es aún mayor a los números descriptos, ya que en la provincia “rigen alícuotas de aportes y contribuciones mayores a los existentes en el sistema previsional nacional, el que maneja la Anses”, dijeron fuentes del Gobierno.

Si en Córdoba se aplicaran las mismas alícuotas del sistema nacional, el monto recaudado por aportes y contribuciones caería a $ 129.703 millones para el primer trimestre, evalúan en la Caja, donde se llega a una conclusión definitiva: apenas se cubriría el 60% del gasto previsional.

Por ello, los funcionarios afirman que en ese escenario el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones de Córdoba “equivale al 40% del gasto previsional”, sostienen.

Visto a la inversa, el esfuerzo que realizan los trabajadores activos con aportes por encima del porcentual nacional, agregan un plus al financiamiento del gasto previsional del 18%, aunque no alcanza.

En medio de fuertes polémicas durante el gobierno anterior y a lo largo de la gestión se crearon nuevas fuentes de financiamiento, donde ponen activos, pasivos y la sociedad en general.

El fondo Ley 10.725 (entidades financieras) aportó $ 24.736 millones en el trimestre publicado, es decir, 11% del gasto previsional. El fondo Ley 10.724 (afiliados a la Caja), puso otros $ 10.122 millones, un 5% de la erogación.

No es todo, los impuestos nacionales con afectación específica a la seguridad social (Ley 23.966) consiguieron recaudar $ 9.634 millones; en tanto que otros recursos como rendimientos de inversiones financieras, multas, recupero de cobros indebidos y variaciones patrimoniales, sumaron $ 8.216 millones, el 4% del gasto.

En términos mensuales, el déficit actual es de $ 139.011 promedio por haber jubilatorio que el Estado no consigue recaudar con los aportes y contribuciones para equilibrar el sistema, una cifra que a la vez representa una incidencia distinta según el nivel de haberes y el sector a que corresponda el beneficiario.

Por ejemplo, para el caso de un pasivo que provenga del sector bancario, cuyo haber promedio según lo publicado por la Caja es de $ 1.831.836, lo que “falta” conseguir representa el 7,6% de ese ingreso.

En el caso de los magistrados, cuyo haber promedio es de $ 3.449.177, ese faltante implica el 4% que la Provincia debe buscar de otras fuentes de ingresos.

En docentes y policías, cuyas jubilaciones se sitúan en torno de los $ 740.000, esa proporcionalidad se va a casi el 19% del haber.

En la reciente cubre de gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos –convocados por Idea– estuvieron en el centro del intercambio los aportes comprometidos por la Nación que no están siendo distribuidos, como los del transporte, el fondo de incentivo docente y el previsional.

La Provincia mantiene el criterio de que el déficit es el factor más desestabilizador de las finanzas públicas. De hecho, el de la Caja según la información trimestral, es el mayor de todos los “rojos” que mostró la ejecución presupuestaria del primer trimestre.

Según los últimos datos difundidos por la Provincia, la deuda con Córdoba a valores actualizados suma más de $ 431 mil millones, de los cuales casi $ 68 mil millones corresponden al período de enero a junio del presente año y más de 74 mil millones al período de mayo a diciembre del 2023.

Por otro lado, la Nación mantiene una deuda con la Provincia de $ 288 mil millones, que se encuentra judicializada, y corresponde a los períodos 2020, 2021, 2022 y de enero a abril de 2023. Puede haber una leve corrección hacia arriba.

En un par de ocasiones, Llaryora le trasladó esta preocupación al ministro de Economía, Luis Caputo. Acompañado por el ministro de Gestión Pública, Guillermo Acosta, el primer encuentro fue el 11 de junio.

Después, desde el Palacio de Hacienda solo bajó un ensordecedor silencio de radio. La Provincia quiere evitar que los fondos conseguidos a través de la emisión de títulos en pesos terminen también en el pago de los haberes jubilatorios.

El Gobierno ya emitió títulos por hasta 350 mil millones de pesos y letras del tesoro por hasta 150 mil millones de pesos.

Aunque no alcanzaría para eliminarlo por completo, cobrarle a la Nación la deuda representaría un gran alivio en la cobertura de ese déficit. También posibilitaría reanalizar la vigencia de las fuentes de financiamiento que meten a la sociedad en su conjunto en una discusión centrada en el sector público.

Epec y Apross

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) consiguió en el primer trimestre un resultado mejor al esperado en la planificación original del año, en tanto que la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) verificó en el mismo período un déficit de casi $ 5.500 millones.

La distribuidora eléctrica registró ingresos por $ 200.924 millones, de los cuales $ 168.589 millones provinieron de la venta de energía y bienes. En el rubro de las erogaciones, $ 120.173 millones se destinaron al pago de la electricidad comprada en el sistema nacional y $ 29.765 millones a salarios del personal. En total las erogaciones sumaron $ 160.590 millones.

Con estos números, el resultado primario fue positivo en poco más de $ 30.144 millones, lo que le evitó a la empresa tener que hacer uso de fuentes financieras. En la planificación original, Epec había estimado funcionar con pérdidas operativas, lo cual no ocurrió al menos hasta ahora.

Por el lado de la Apross, los ingresos totalizaron $ 77.894 millones, mientras que $ 81.763 millones fueron destinados al pago de las prestaciones de salud. El cuadro exhibe un resultado primario negativo de $ 5.461 millones.

En tanto, Caminos de las Sierras SA, registró en el trimestre inicial del año un balance negativo por $ 5.605 millones, aunque en su actividad propia tuvo superávit ya que le entraron $ 33.009 millones por el cobro de peajes y verificó gastos por $ 26.527 millones ($ 10.140 millones en salarios).

Finalmente, el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) anotó ingresos por $ 3.858 millones y egresos por $ 3.912 millones.



La Voz