En diciembre de 2020, y a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner, el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, limitando el uso privado y comercial de tierras incendiadas, prohibiendo específicamente el desarrollo de emprendimientos o actividades diferentes al uso que esos campos tenían al momento del incendio y la venta de dichos inmuebles, en plazos que oscilan entre los 30 y los 60 años.
 
Esta modificación nunca presentó respaldo técnico, ni desde el más mínimo sentido común, y fue edificada desde un desconocimiento total de la problemática rural, con absoluta arbitrariedad y con profundas fisuras jurídicas.

Así inicia el parte emitido por Carsfe, CRA y Farer. En virtud de esa inquietud, dialogamos con Sara Gardiol, presidente de la entidad.