En una manifestación llevada a cabo en la plaza central de la ciudad, prestadores del área de discapacidad expresaron su preocupación por los honorarios y rechazaron la desregulación del valor de las prestaciones.

María Inés Sánchez Snipe, una de las profesionales que participó en la manifestación remarcó que sería injusto para las personas con discapacidad porque no tendrían acceso igualitario y además se fragmentaría el sistema.

Los prestadores argumentan que la desregulación de los honorarios podría generar dificultades para el acceso a los servicios por parte de las personas con discapacidad, además de provocar una fragmentación del sistema de atención.

De esta forma, la manifestación busca llamar la atención de las autoridades sobre esta problemática y solicitar medidas que garanticen la equidad y la calidad en la atención de las personas con discapacidad.

Micaela Berardo, Profesora en Educación Especial, explicó el paro de esta tarde de martes por parte de personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones de Córdoba para visibilizar el ajuste que el gobierno nacional está realizando en el sector.

El punto de concentración fue la Plaza central, con una clase pública y movilización para visibilizar el "estado de emergencia" que atraviesan.

La convocatoria parte desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y cuenta con el apoyo del Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicopedagogos y la Federación Converger, entre otras entidades.

Las consignas principales demandan "la declaración de emergencia en discapacidad", rechazan el "decreto que pretende eliminar la adhesión al nomenclador de las obras sociales" y denuncian que "un sistema que precariza, excluye".

"Necesitamos poner en agenda más que nunca al Colectivo de Personas con Discapacidad y sus prestadores que está en estado de EMERGENCIA", expresaron en un documento.                      

En el escrito se detalló que "al desregularse los valores del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, los valores que dicte el Directorio del Sistema sólo serán orientadores y cada ente financiador (Pami, Incluir Salud y Superintendencia de Salud) tendría aranceles establecidos individualmente y seguramente diferenciados, lo que sabemos que se traducirá en mayor desigualdad; por ende, peores condiciones de cobertura para afiliados/as/es y beneficiarios y aún más precarización y devaluación del trabajo profesional".

Agregan que se le suma a esto, que se partirá desde una desigualdad estructural entre Pami, Incluir Salud u Obras sociales sindicales y prepagas.

"Sabemos que el acuerdo entre partes desprotege a las personas más vulnerables y a los/as/es trabajadores independientes. Por otro lado, deja en manos de cada financiador establecer sus valores de las prestaciones del nomenclador", subrayaron en el documento.

"Lamentablemente algunos sectores han planteado que ven a la Discapacidad como un gasto y consideramos un riesgo dejar librado a su gestión los fondos que garantizan la cobertura prestacional y principal fuente de trabajo de miles de profesionales de todo el país", indicaron.

En ese marco, agregaron que "esto se suma a que los valores de los aranceles no se correlacionan con los procesos inflacionarios de los últimos tiempos, a la naturalización de los pagos diferidos y los grandes obstáculos burocráticos que ponen muchos financiadores a la hora de brindar coberturas y aprobar prestaciones".

Todo lo mencionado con anterioridad, "tendrá graves consecuencias para personas con discapacidad, familias, prestadores independientes, transportistas e instituciones prestadoras". manifestaron y en virtud de eso, convocaron a todo el sector a "implicarse, a hacerse eco y habitar cada expresión de lucha en el marco de la declaración de Emergencia en discapacidad".