La Unión Industrial Argentina (UIA) se presentó formalmente ante la Corte Suprema para solicitar su participación como "amiga del tribunal" en la causa donde se tramita el paralizado capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23 del Gobierno. Se trata de un mecanismo que contempla la normativa para el aporte de perspectivas especializadas en un determinado litigio y que ya exploraron hasta ahora sin éxito otras entidades patronales como CAC y CAME (comercio), las rurales SRA y Coninagro y varias oriundas de Córdoba. La presentación de la UIA se ratificó en un contexto en el que la mayor cámara fabril logró encumbrar a un abogado propio, Julio Cordero (del grupo Techint) como secretario de Trabajo de la administración libertaria.

"Motiva esta presentación el hecho de que la UIA es una entidad representativa del sector empleador, tanto a nivel nacional como internacional, toda vez que no sólo ha sido señalada como referente a la hora de discutir legislación laboral sino que también ha sido miembro fundador de la Organización Internacional de Empleadores y de la del Trabajo, de la cual es mandante por el sector empleador argentino", señala la presentación realizada este martes y a la que tuvo acceso exclusivo este medio. El escrito lleva la firma del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y de su secretario, Eduardo Nougués.

La central patronal alega que su participación como "amicus curiae" (la denominación en latín) es "vital para pluralizar y enriquecer el debate" por entender que "la normativa en discusión impacta directamente sobre el régimen laboral vigente y las condiciones bajo las cuales se genera trabajo y se rigen las relaciones laborales". Según el escrito, el capítulo cuarto del DNU, paralizado y sin efectos luego de que la Cámara del Trabajo dictara una medida cautelar a pedido de la CGT, "impacta de manera directa e interesa no sólo a las partes involucradas directamente en la causa (el Gobierno y la organización obrera) sino también a la sociedad en su conjunto".

Cuando en enero anunció la presentación que recién efectivizó esta semana, la UIA hizo saber que lo haría con la intención de apoyar "la modernización de la legislación laboral" contenida en el DNU a la que calificó como una adaptación "a las nuevas realidades del empleo". "Las reformas planteadas sientan las bases para que las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles, una vez que se materialice la recuperación económica", señaló en esa oportunidad. El capítulo laboral plantea la flexibilización de las normas de contratación y despido, la extensión a 8 meses del período de prueba, la reducción de los montos indemnizatorios y la eliminación de las multas por mala registración, al tiempo que limita el ejercicio del derecho de huelga y debilita la estructura financiera de los sindicatos.

Esta semana la UIA difundió otro comunicado para dar a conocer su malestar por el anuncio oficial de una apertura de las importaciones de los productos de la canasta básica de consumo familiar. A juicio de la entidad, esa posibilidad de apertura "afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país". El anuncio del Ejecutivo puso en alerta en particular a las empresas productoras de alimentos nucleadas en la Coppal, otro sello presidido por Funes de Rioja.


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