El Doctor Jorge Orgaz, abogado y docente de Derecho Constitucional Procesal y Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Siglo XXI dialogó con Micrófono Abierto acerca de los ajustes de las prepagas.

De acuerdo a lo expresado por Orgaz actualmente se repiten situaciones de planteos de usuarios de prepagas en muchos estudios jurídicos del país.

“La gente está muy angustiada, desesperada, porque independientemente que use o no los servicios asistenciales de una empresa de medicina prepaga, por ser sana en este caso, puede llegar a necesitarlos en cualquier momento”.
Consideró que “el decreto es abiertamente inconstitucional, y ha generado una distorsión de fuerzas entre las empresas de prepaga y los usuarios, provocando una situación muy grande de incertidumbre y de angustia, porque hay un gran desequilibrio”.

Explicó que se entiende que hubo retrasos en las cuotas, argumento que utilizan las empresas, “pero lo cierto es que no se puede recuperar lo perdido en un par de meses. O sea que también es lesivo de los derechos del consumidor”.
 
Ante la presentación de muchos amparos en Argentina, se ha observado que Córdoba no es la provincia donde hay mayor aceptación de una cautelar.

“Lo cierto es que uno tiene que analizar lo que está en juego, que en el fondo es el derecho a la salud, que tiene jerarquía constitucional, también los derechos del consumidor, y que a su vez el decreto de necesidad y urgencia, entre los fundamentos, dice que su objetivo es paliar un poco la crítica situación social que atraviesa el país”.

Cuestionó “cómo se podrá “paliar la situación del país” desde el punto de vista social si está generando en sectores vulnerables una disparidad o está desprotegiendo nada más y nada menos que a mucha gente en el ejercicio del derecho a la salud”.

Orgaz expresó que se está atravesando una situación crítica en la que el Estado se ha replegado y ha dejado librada la decisión al Poder Judicial y agregó que “en la provincia de Córdoba tenemos una jurisprudencia bastante conservadora”.

El abogado constitucionalista detalló que el DNU está vigente y se complementa con los decretos de regulación absoluta, por lo que se le ha otorgado a las prepagas la posibilidad de aumentar cuantas veces quieran las cuotas, teniendo en cuenta que el gobierno piensa que la competencia libre hará que se atenúen las cuotas.

Agregó que también se le ha dado un procedimiento de ejecución para ejercer en contra de aquellos usuarios que no paguen las cuotas.

“Si un usuario se demora en el pago de la cuota, inmediatamente se inicia un proceso que es rapidísimo, que no tiene prácticamente prueba y que tiene una sentencia condenatoria muy rápida que inclusive genera intereses. O sea que se ha solidificado una situación de ventaja para la empresa de medicina prepaga con un Estado ausente. Y como muchos problemas en la sociedad argentina, lo tendrá que resolver el Poder Judicial”.


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