Los jujeños Nahuel Morandini y Roque Villegas están detenidos desde el 4 de enero, imputados por twitear sobre la vida privada del gobernador, Gerardo Morales. La denuncia fue realizada por la esposa del ex gobernador, quien argumenta que las publicaciones en redes sociales lesionaron derechos de la pequeña hija del matrimonio. La justicia inmediatamente ordenó la detención de los dos hombres, quienes cumplen prisión preventiva por 60 días, ordenada por el juez Roberto Assef, en la Unidad Penal N° 1 de Villa Gorriti. 

El juez Pablo Pullen Llermanos de la provincia de Jujuy,  prohibió a  Morandini y  Villegas, a sus familiares y amistades, hacer cualquier referencia pública sobre el ex gobernador Gerardo Morales, su esposa Tulia Snopek y la pequeña hija de este matrimonio. 

La justicia jujeña había impuesto un bozal legal a los dos detenidos por twittear. Lo ordenó en la misma audiencia en la que rechazó el cese de la detención de Villegas. El fundamento es que las publicaciones continúan realizándose desde los dispositivos móviles de Villegas y Morandini. 

 El abogado Adrián Iconomovich en diálogo con el programa “DE UNA” y se refirió a la situación judicial jujeña. El letrado es asesor de Morandini y Villegas, las personas que estuvieron detenidos 54 días en el marco de la investigación que inició el Ministerio Público de la Acusación a partir de la denuncia de la esposa del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Tulia Snopek.
 
Fueron liberados el lunes pasado.
 
Dijo que la figura legal fue originalmente por lesiones leves,” y esto se concursó de forma real con otro delito que es ´supresión de identidad de una menor´. Luego, a 15 días de la detención, pidieron una ampliación de las imputaciones originarias, transformando lesiones leves a lesiones graves. Ellos atendiendo a un informe psicológico que había sido requerido por la denunciante”.
 
Luego, detalló que la denunciante, Tulia Snopek, han conjugado estos dos delitos y pidiendo una detención. Esto digo es innovando, forzando esta figura penal porque hemos tenido que recorrer históricamente a ver si había algún tipo de detención en función a este tipo de imputación, pero nunca hubo un tipo de detención por este tipo de delito”.
 
“Es lamentable para el derecho penal que, ni en el ámbito constitucional, penal y derecho público, no han encontrado justificación racial, jurídica”, explicó.
 
“A la luz de toda esta situación que viene avanzando utilizan los modos represivos, denuncias, como una situación que quiere identificar, transmitir y maximizar dentro del ámbito del derecho público”, agregó el abogado.
 
“Hemos procedido potencialmente y fácilmente cuarenta días para atrás. Entonces nos encontramos en una situación ya prácticamente de miedo, de discurso ciego”, destacó.
 


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