El Fondo Monetario Internacional informó que arribó a un acuerdo con el Gobierno argentino sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo SAF, lo que le permitirá al país tener acceso a un desembolso de US$4.700 millones.
 
El Ministerio de Economía confirmó que se arribó a un acuerdo con la delegación técnica del FMI que visitó el país y que los funcionarios que la encabezaron remarcaron que "el presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto".


El Fondo detalló las claves del nuevo acuerdo:

Política fiscal. “Las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2% del PIB este año (consistente con el equilibrio general), mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos.

Protección social. “Las autoridades han reforzado significativamente la asistencia social a través de programas de subsidios por hijos y cupones de alimentos, al tiempo que se alejan de los programas sociales distribuidos a través de costosos intermediarios. Planean preservar el valor real de las pensiones y aumentar la asistencia social según lo justifiquen las condiciones”.

Política cambiaria y reservas. El FMI aseguró que se continuará con la política de acumulación de reservas. “Es importante destacar que han abandonado el opaco sistema de controles administrativos de importación (SIRA) y están en el proceso de abordar el gran sobreendeudamiento de los importadores, ofreciendo instrumentos cambiarios a los importadores que registren deudas comerciales”, aseguraron.

El organismo dijo que el Gobierno espera acumular 10.000 millones de dólares de reservas para finales de 2024, incluidos 2.700 millones de dólares acumulados durante las últimas semanas de 2023.

Política monetaria. “La postura de la política monetaria evolucionará para respaldar la demanda de dinero y la desinflación, mientras que el marco y las operaciones de la política monetaria se ajustarán para fortalecer su función de anclaje. Las autoridades se han comprometido a poner fin al crédito del banco central al gobierno y seguirán reduciendo el gran excedente de pesos, al mismo tiempo que fortalecerán gradualmente el balance del banco central”.

Planes de financiación. “De acuerdo con el programa fiscal, el gobierno no buscará ninguna forma de financiamiento neto de mercado, sino que se concentrará en mejorar el perfil de vencimiento de la deuda interna. Reconstruir las relaciones con los mercados de capital internacionales también es una máxima prioridad”.

Políticas estructurales. Según el Fondo, las autoridades están decididas a hacer cambios estructurales e impulsar el crecimiento, las exportaciones y el potencial energético y minero.

“La continua dependencia del financiamiento del banco central y de medidas intervencionistas llevaron a un mayor deterioro del balance del banco central y a un sobreendeudamiento de la deuda comercial de los importadores. Mientras tanto, los salarios reales cayeron aún más hasta alcanzar mínimos de varios años y se estima que los niveles de pobreza superaron el 45 por ciento”, mencionó.

“El programa se desvió gravemente. No se alcanzaron las metas de finales de septiembre en materia de déficit fiscal primario y atrasos internos, y los datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron por un margen aún mayor. Tampoco se cumplieron los objetivos de reservas internacionales netas, con desviaciones con respecto al objetivo de fin de año de alrededor de 15 mil millones de dólares antes del inicio de la nueva administración”, planteó el organismo.

La misión del Fondo Monetario Internacional en Buenos Aires comenzó el viernes pasado y finalizó hoy tras una serie de reuniones técnicas con el Ministerio de Economía y el Banco Central. Con este acuerdo técnico, el programa con el FMI iniciado en marzo de 2022 fue así retomado tras haber “descarrilado” desde mitad del año pasado por los incumplimientos del Gobierno anterior.
El último desembolso del organismo tuvo lugar en agosto, por USD 7.500 millones, y desde ese momento, con las elecciones presidenciales en el medio, no hubo continuidad en las revisiones trimestrales, además de que se cortaron los envíos de fondos desde Washington.