El presidente Javier Milei le dio al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el control total sobre las empresas del Estado. Mediante un breve pero contundente decreto que lleva la firma de ambos, el ministro coordinador tendrá a partir de ahora la facultad de nombrar y remover directores, definir los gastos, los planes de inversión y las transferencias del Tesoro hacia las compañías de capital estatal, entre otras funciones. Con esta medida, el primer mandatario decidió concentrar en una persona de su plena confianza dos de los objetivos prioritarios de su gestión: bajar el déficit y avanzar con un proceso de privatizaciones.

En los ocho artículos del decreto 19/24, Milei y Posse le concedieron a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete plenos poderes para definir por sobre los demás ministerios desde los nombres de los directores e interventores, hasta la administración y la gestión del día a día. Es una medida que abarca a empresas 100% del Estado, como ENARSA, Banco Nación o Aerolíneas Argentinas; pero también otras con participación estatal mayoritaria, como YPF; o incluso minoritaria, como pueden ser las acciones de empresas que cotizan en Bolsa que están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, como herencia de las extintas AFJP.

Con el decreto, Milei refuerza la condición de controller dentro del gobierno que ejerce Nicolás Posse y al mismo tiempo condensa en una cabeza la función de achicar el déficit que se genera por las empresas públicas -que según quién hace el cálculo está entre los 3.500 y los 5.500 millones de dólares anuales- y la de avanzar con un proceso de privatización que no tuvo más realidad que la inclusión en la ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” -conocida como “ley ómnibus”- de un listado de 41 empresas.

En los cuatro primeros artículos, el decreto definió de manera detallada que la elección de los directores e interventores tendrá que contar con la autorización previa y el acuerdo explícito del organismo de la Jefatura de Gabinete y que solamente será considerado director o directora aquella persona que cuente con ese aval, ya que sino esa nominación “será dejada sin efecto”. En los hechos -según especialistas consultados por Infobae que leyeron la normativa- la medida implicó la caducidad generalizada de los directores y la subordinación de los ministerios que tienen la titularidad de las acciones de las empresas a la Jefatura de Gabinete.

Un ex funcionario y experto en administración pública puso anoche como ejemplo lo que pasará con las acciones del Banco Nación, que estaban hasta ahora en cabeza del Ministerio de Economía; Contenidos Públicos -otra empresa estatal- cuyas acciones estaban en el ex Ministerio de Cultura, o ENARSA y Dioxitek, en Energía. “Ahora todo pasa a depender de Jefatura de Gabinete, que tiene la última palabra. En Techint, por ejemplo, por las acciones del FGS, el Estado nombraba tres directores que los ponía ANSeS. A partir del decreto, el que decide es Nicolás Posse”, indicó esa fuente en diálogo con Infobae.

“Nadie más va a poder designar directores. Cualquier jurisdicción para nombrar a alguien le va a tener que pedir permiso a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado. Milei decidió concentrar todo en cabeza de la Jefatura de Gabinete. Vale también para el Belgrano Cargas, ArSat, la Televisión Pública, Radio Nacional y todas las demás”, continuó.

El presidente Javier Milei saluda desde un balcón de la Casa Rosada el día de su asunción

En ese sentido, el decreto de este viernes forma parte de una narrativa más amplia que forma parte de un plan de gobierno integral, que tiene por misión achicar el Estado, expandir la actividad privada y fomentar el libre mercado con la menor intervención estatal posible. El empoderamiento de Posse es la consecuencia del primer DNU que buscó desregular la economía y de la denominada “ley ómnibus” que reforzó la dirección del gobierno de Milei de correr a los políticos de la economía e incorporó el listado de 41 empresas candidatas a ser privatizadas.

Entre ellas figuran YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA, ex Enarsa), Correo Argentino, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), Belgrano Cargas, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Fabricaciones Militares, Casa de Moneda, Télam, Dioxitek, Contenidos Públicos, y Corredores Viales.


En este partido el Presidente se juega mucho de su capital político. En el Gobierno explicaron anoche que la elección de Posse para esta tarea tiene que ver con que es la persona en la que él deposita total confianza. Ambos se conocen del pasado común en Corporación América y hay además de respeto profesional una condición de amistad. “Posse no va a hacer nada sin que Milei lo valide”, describían anoche fuentes oficiales, que de todas maneras subrayaban que hay conciencia en el Gobierno de que no se pueden privatizar las 41 empresas que se incluyeron en el proyecto de ley que llegó al Congreso.

“El Presidente sabe que hay cosas que se pueden hacer y otras que requieren ciertas condiciones y que hoy pueden ser imposibles. Él plantea que hay que saber elegir qué batalla dar en cada momento”, agregó la misma fuente.

Déficit y Privatización

Son definiciones políticas pertinentes ya que en el artículo cinco aparece una definición clave en el decreto que firmaron Milei y Posse que se vincula a lo anterior: “Instrúyese a la Jefatura de Gabinete de Ministros a establecer un procedimiento para su intervención previa en la aprobación o modificación de presupuestos de gastos o inversiones, planes estratégicos, compras, contrataciones y licitaciones, así como en la solicitud de transferencias de recursos desde el Tesoro Nacional y en la aprobación o modificación de cualquier otro tipo de proceso en las sociedades estatales, sociedades con participación estatal y/o cualquier otra forma empresaria del Estado donde el mismo tenga derechos de participación o representación”.

La definición “cualquier otra forma empresaria del Estado donde el mismo tenga derechos de participación o representación” es clave porque con una interpretación amplia se puede abarcar a las decisiones que toman en el directorio todas las empresas privadas donde tienen participación accionaria estatal, vía el FGS, entre las que figuran bancos, prestadoras de servicios público como luz y gas, IRSA, etc.

El especialista en derecho administrativo y socio del estudio Cassagne Abogados, Carlos Laplacette, resaltó que con este decreto el Ejecutivo apostó a “centralizar el control de todos los gastos que realizan las empresas del Estado”, sobre todo aquellas compañías que requieren de mayores aportes del Tesoro, como pueden ser las operadoras ferroviarias, las que importan energía o ArSat. “También se decidió casi un pase a disponibilidad de todos los directores, que es algo que ocurre en todos los gobiernos, aunque este tuvo la particularidad de concentrar todo en la Jefatura de Gabinete”, concluyó.

Infobae