La vicepresidenta Cristina Kichner está a días de terminar su gestión. Desde el 10 de diciembre dejará de ocupar cargos públicos y, por ende, perderá sus fueros como pasó cuando dejó la Presidencia en diciembre del 2015. Ahora se enfrenta a un escenario judicial complejo, a la espera de que se defina su condena en el marco de la Causa Vialidad y que finalmente arranquen los juicios de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

En tres semanas, Cristina dejará su cargo. El proceso de salida institucional arrancará este miércoles por la tarde, cuando reciba a su sucesora, Victoria Villarruel, para arrancar con el proceso de transición. 

Una vez concluido, dejará su despacho del primer piso del Senado, desde el cual, entre otras cosas, trasmitió sus últimas palabras en la causa Vialidad el 29 de noviembre del 2022, hace casi un año. "Últimas palabras. Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio y este Tribunal. Si el día 2 de diciembre del 2019 dije que este era el Tribunal del lawfare, luego de todo lo que me ha tocado vivir, debo decir que más que un tribunal del lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento", apuntó, de entrada, en aquella exposición de 20 minutos a casi tres meses del intento de asesinarla.

Desde su despacho y a través de una videoconferencia, la vice le hablaba directamente a los jueces del Tribunal Oral Federal N°2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini. Fueron quienes, unos días después, precisamente el 6 de diciembre, leyeron un duro veredicto condenatorio en el que la responsabilizaron por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El juicio por las supuestas irregularidades en el otorgamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los años que gobernó el kirchnerismo terminaba con una condena a seis años de prisión y lo que más remarcó la vicepresidenta para sostener la postura de la proscripción política: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

La historia no está cerrada. El proceso judicial sigue camino a que haya una sentencia firme. 

Vialidad, para después de abril

Así las cosas, para el venidero 2024 está previsto que haya novedades de parte de la Cámara Federal de Casación en relación con ese expediente. Cristina recibirá -ya sin fueros- el resultado de la deliberación entre los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, de la Sala IV. 

Como se dijo antes, la sentencia no llegaría hasta después de abril. Fuentes judiciales consultadas por PERFIL señalaron que el 14 de diciembre, cuatro días después de que Cristina deje su cargo y asuman las nuevas autoridades del país, en Comodoro Py se llevará a cabo una audiencia preliminar. Fue convocada a principios de mes por los integrantes de la Sala y deberán concurrir las partes para establecer cómo será el proceso de revisión y evaluar si hay nuevos planteos o cuestiones pendientes.

Igualmente, ya están fijadas las audiencias de informes para los días 22 y 29 de febrero; 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril. De acuerdo al cronograma que manejan en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py, una vez que concluya ese periodo de audiencias se abrirá un plazo de 20 días de análisis, con lo cual la sentencia no llegaría antes de fines de abril.

El 24 de abril pasado, los abogados defensores de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un recurso de apelación en el que pidieron que quede sin efecto la pena impuesta por el TOF N°2. Allí replicaron una serie de argumentos centrales por los que consideran que se debe hacer lugar. Dijeron, entre otras cosas, que no hay pruebas que la incriminen de manera directa y que se le imputaron actos políticos no judiciables. 

Una vez que se conozca la decisión de Casación, quedará habilitada la vía de apelación a la Corte Suprema, con lo cual los plazos para que haya una sentencia firme se extenderían por fuera del año que viene. 

Memorandum y Hotesur-Los Sauces

Mientras tanto, la vicepresidenta y sus abogados también permanecerán a la espera de que arranque el juicio por la causa conocida como Memorándum. Se trata del expediente del cual había sido sobreseída, y en el que se la acusa por presunto encubrimiento y traición a la patria por medio del Memorando de Entendimiento con Irán del 2013. 

El TOF N°8, integrado por la jueza María Gabriela López Iñiguez y los jueces Daniel Obligado y José Michilini, fueron quienes firmaron un fallo en el que concluyeron que no existía delito. Pero fue apelado y el 19 de septiembre pasado Casación lo anuló con el voto de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, y ordenó hacer el juicio con una nueva conformación del tribunal, ahora con Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Javier Ríos. 

En el fallo del 18 de septiembre pasado, Barroetaveña y Petrone criticaron con dureza a sus colegas que sobreseyeron a la vice, ya que "valoraron datos o circunstancias que, aun siendo novedosas, carecen de naturaleza probatoria", entre otras cuestiones.
La realización del juicio, a priori, parece aún lejana. Es que todavía se está definiendo quiénes serán los jueces que efectivamente estén al frente del juicio. 



 

Con información de Perfil