Las obras públicas "son centrales para la dinámica económica del país" porque "mejoran las conexiones, la accesibilidad, la infraestructura, y generan competitividad sistémica", coincidieron economistas en relación a la propuesta del presidente electo Javier Milei de suspender las mismas y estimular la inversión privada.
El economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Martín Burgos, sostuvo en diálogo con Télam que "las obras publicas son centrales para la dinámica económica del país, porque mejoran las conexiones, la accesibilidad, la infraestructura, y generan competitividad sistémica".
"Éstas no tienen una rentabilidad fácilmente medible porque los que circulan en una ruta no siempre lo hacen para un negocio y los que lo hacen por negocio no queda claro el costo que eso representa, y esa es la razón por la cual lo suele hacer el Estado y se cobra un peaje", contempló Burgos.
En este sentido, recalcó que "es muy probable que el privado no pueda hacer esas obras y en todo caso deberían planificarse en el marco de un plan integral para evitar superposiciones".
"El financiamiento de largo plazo para obras que duran mucho tiempo es clave, y casi siempre recae en el Estado o en bancos estatales, con lo cual es inevitable el apoyo estatal", enfatizó.
"El financiamiento de largo plazo para obras que duran mucho tiempo es clave, y casi siempre recae en el Estado o en bancos estatales, con lo cual es inevitable el apoyo estatal"
Martín Burgos
Por su parte, el economista y director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, afirmó que "pensar la obra pública solamente como inversión privada es un problema" porque "hay obras que no haría nunca el sector privado porque no tiene ganancia económica necesariamente pero a nivel social sí".
"Puede ser un bien público cuyo beneficio no puede monopolizarse ni captarse plenamente y una vez que se lo das a alguien se lo estás dando a todo el mundo", argumentó.
Incertidumbre y preocupación en el sector constructor
La incertidumbre y la preocupación en el sector constructor por el futuro de la obra pública en el país, tras el anuncio del gobierno electo de Javier Milei de buscar suspender la obra pública y estimular inversión privada, motivó esta semana varias manifestaciones públicas en rechazo a la iniciativa y la advertencia sobre el riesgo que corren más de 200 mil trabajadores del sector.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) planteó un estado de "preocupación" y "alerta" a raíz de "las manifestaciones mediáticas realizadas por el presidente electo, Javier Milei, en materia de obras públicas que, de concretarse, pondrían en riesgo la continuidad laboral de 220 mil trabajadores constructores".
"La obra pública es, en cualquier lugar del mundo, una inversión, no un gasto. Más aún en un país como Argentina, que cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 4 millones de viviendas"
Unión Obrera de la Construcción
En este sentido, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, afirmó esta semana que "ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei".
"Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga", explicó Weiss a Radio 10.
El gobierno electo tendrá un área de Obras Públicas dentro del Ministerio de Infraestructura (abarcará también Transporte, Energía, Minería y Telecomunicaciones), el cual estará a cargo de Guillermo Ferraro.
Para el titular de Camarco, si Milei concreta sus planes, habrá un "crack muy importante" en la economía al paralizar "3.500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales", y que emplean "300.000 personas que pasarían a la calle".
Además, advirtió que "muchas empresas van a estar muy complicadas y al borde del concurso de acreedores", y también se vería afectado el trabajo indirecto porque "si la obra pública desaparece, afectará también a las fábricas de insumos".
"Muchas empresas van a estar muy complicadas y al borde del concurso de acreedores"
Gustavo Weiss
En tanto, la Uocra remarcó que "el actual gobierno tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes hasta diciembre de este año, lo que asegura la normal ejecución y continuidad de las obras en curso, por lo cual no existen argumentos válidos que justifiquen la implementación de despidos".
El gremio sostuvo que "la construcción es un sector clave para el desarrollo del país, dinamizador de actividad económica y multiplicador de empleo genuino, ya que genera más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos".
"La obra pública es, en cualquier lugar del mundo, una inversión, no un gasto. Más aún en un país como Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico en materia de infraestructura que contribuya al desarrollo de nuestra economía y cuenta con un déficit habitacional de aproximadamente 4 millones de viviendas", concluyó la Uocra.
Otros sindicatos que manifestaron su "preocupación" fueron el de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara) y Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), los cuales a su vez declararon estado de alerta y asamblea permanente.
Burgos dijo que "las obras en curso se tienen que terminar", al tiempo que consideró: "Todo cambio de esquema genera incertidumbre y eso puede precipitar despidos anticipadamente, lo cual es una señal de que las empresas no están confiando en las propuestas" de Milei.
Por su parte, Kalos contempló que "hoy la obra pública es 2% del PBI, y reducir eso tiene un impacto en empleo a lo largo y ancho de todo el país porque es un empleo federal, es decir se construye en todo el país, sea un puente, una plaza, arreglar una carretera, un camino, una calle".
Según el Ministerio de Obras Públicas actual, "gracias al impulso de la obra pública, el sector de la construcción alcanzó, en agosto de 2023, 479.856 empleos registrados, con los que se logró el récord histórico más alto, superando la mayor marca previa correspondiente a mayo de 2023 (473.571)".
El área de Obra Pública integrará a partir del próximo 10 de diciembre el futuro Ministerio de Infraestructura, confirmó esta semana Guillermo Ferraro, designado por el mandatario electo para estar al frente de esa cartera, que además abarcará las áreas de Transporte, Energía, Minería y Telecomunicaciones.
Ferraro anticipó que el ministerio tendrá "un enfoque de economía de cross service (servicios cruzados) y al mismo tiempo un eje que une a todas estas temáticas, que es la inversión en infraestructura".
"El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado, con lo cual es un ministerio que tiene estas áreas pero básicamente va a dar la orientación y los lineamientos y la declaración de interés para nosotros y la Nación de aquellos proyectos que involucran estas áreas", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.
En este sentido, el designado ministro remarcó: "Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión".
Asimismo, evaluó que "el país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura y la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura del sistema y la nueva es tan importante en términos del PBI, 15 puntos anuales, imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público".
"Hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado y creemos que tiene que haber un gobierno creíble y voluntad asociativa con el sector privado de mostrar por donde pasan las orientaciones, las futuras inversiones y los negocios", completó Ferraro, ratificando así el modelo "a la chilena", derivando los trabajos de infraestructura a manos privadas.
Las PPP y el modelo "a la chilena"
Sobre esto, Burgos puntualizó: "Chile es un país más chico que Argentina y aquí hay más necesidad de obras de rutas, entre otras, que hace más dificultoso conseguir que lo hagan los privados".
"La propuesta (del gobierno electo) es muy similar a los PPP (participación público privada) que se dieron en el gobierno de Mauricio Macri y no funcionaron porque se quedaron sin financiamiento y las obras de largo plazo en general dependen de fondos públicos para funcionar", completó.
Consultado sobre qué significa "privatizar" la obra pública, el economista de Flacso proyectó que "se harán las obras mas rentables, dejando las otras de lado, criterio que puede ser complicado para las provincias ya que la inversión podría concentrarse en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba".
Asimismo, disintió con el "atraso" de obra pública manifestado por Ferraro, al afirmar que "se hicieron muchas obras en los últimos 20 años, más incluso que durante los años 90, desde autopistas nuevas hasta el gasoducto Presidente Néstor Kirchner".
"La obra que se haga nunca es suficiente, pero lo que no hace el Estado es difícil pensar que lo haga el privado, que por definición duda más antes de hacer una inversión", señaló Burgos.
Desde 2019, se hicieron tres obras por día
Según datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas actual, desde el inicio de la gestión, en 2019, se concluyeron 4.434 obras públicas en las 24 jurisdicciones del país, en las cuales se invirtieron $728.605 millones, lo que significa en promedio tres obras terminadas por día.
Del total de obras finalizadas, 1.151 son de Conectividad e Infraestructura Vial; 1.762 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico; y 1.521 de Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado.
"Estas intervenciones forman parte de la cartera vigente del Ministerio, que al iniciar la gestión contaba con 300 obras y el 70% de éstas estaban paralizadas", recalcó el área hoy a cargo de Gabriel Katopodis.
Asimismo, precisó que "actualmente cuenta con 7.265 en total: 2.308 en ejecución y las 523 restantes en circuito", así como "615 proyectos en proceso de evaluación y aprobación".
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